Radiografía del Servicio Penitenciario Bonaerense


La insólita historia del jefe que peleaba con facas y molía a golpes a los internos para ganar el respeto de su tropa. Pactos de silencio, financiamiento, sociedades con el delito y la lucha por la caja.

Por Juan Diego Britos

Desde febrero de este año, la jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense está a cargo de María Florencia Piermarini, antes asesora personal de César Albarracín, subsecretario de Política Criminal bonaerense. Su antecesor, Javier Mendoza, fue designado camarista en Mar del Plata en reconocimiento a la lealtad que mantuvo con el sistema.

Debajo de la Jefatura de Servicio se encuentran las cuatro Direcciones Generales. La de Coordinación está a cargo del inspector mayor Héctor Rodolfo Uncal; la de Seguridad es manejada por el inspector general Mario Mazzeo. Por su parte, el director de Recursos Humanos es el inspector general Walter Dardo Velaz, ex juez de línea de AFA; y el inspector mayor Fabián Rodríguez conduce la dirección de Asistencia y Tratamiento. Estos son los referentes de una institución que contiene 54 unidades penales, a las que hay que sumar las alcaidas inauguradas en los últimos años para sopesar el hacinamiento en las comisarías.
Hasta hace un mes, la dirección que maneja Mazzeo tenía bajo su órbita a la Dirección de Operaciones, comandada por Fabio Sanguinetti, conocido en el mundo intramuros como “Pink Floyd” y temido por muchos presos por la ferocidad con la que se manejaba. “Es ‘mata-pibe’, parte de la misma banda de Horacio “Chino” Barrera” –que según fuentes confiables habría tenido algo que ver en la fuga del preso Segovia de Florencio Varela– contó un ex detenido que conoció a Sanguinetti de su paso por distintos penales. Una fuente judicial destacó que Pink Floyd “se animaba a pelear con detenidos mano a mano y con facas; cuando estuvo en la Unidad 29 recibí muchas denuncias de los internos, que me contaban que los molía a palos. Era común que participara en golpizas en forma directa porque esto le generaba respeto de los suboficiales que se sentían acompañados en la tarea de ‘calmar’ a los detenidos».
Por su parte, Mazzeo maneja el dinero del combustible del SPB. Las recargas son quincenales y se depositan en cuentas del Banco Provincia, que cada jefe de complejo administra para los traslados de los detenidos en las cárceles bajo su jurisdicción. Luego los oficiales rinden los gastos a los superiores, que elevan una planilla final a la Dirección General de Administración del Ministerio de Justicia. Un jefe penitenciario señaló que los montos que ellos rinden “son diferentes a los que figuran en la planilla final”. Esta diferencia alimentaría las cajas negras de recaudación de la Subsecretaría de Investigación Criminal. “Roban para la corona y reciben beneficios. El Ministerio –señaló la fuente– premia al obediente, no al capaz.”
Pero esta no sería la única vía de financiamiento ilegal del SPB. También hay cajas chicas y partidas descentralizadas, que pueden ser utilizadas para gastos de mantención de los penales. “Los que se prenden en el negocio –añadió la fuente– reciben más cajas que el resto por la sencilla razón de que el retorno es mayor.”
Los órganos de contralor de los gastos en refacciones en las cárceles es la Dirección de Infraestructura Edilicia, que depende de la Dirección General de Coordinación. El año pasado, el hombre a cargo de esta unidad era Edgardo Medina, tesorero del Círculos de Oficiales del SPB. La cúpula penitenciaria guarda íntima relación con este organismo. A modo de ejemplo sirve recordar el pase de mando que en los últimos años hicieron Javier Ciancio y Rubén Borzani, que se turnaron para ocupar sucesivamente la Dirección General de Seguridad, la de Coordinación y la presidencia del Círculo. Borzani se peleó meses atrás con Héctor Venche, ex director general de Asistencia y Tratamiento, lo que provocó algunas escaramuzas dentro de la tropa. Ocurre que ambos formaban parte de la “Banda de Mercedes”, grupo que imprimió su sello al espíritu de la oficialidad en la última década. “Borzani y Venche –explicó un alto jefe penitenciario– se pelearon por cuestiones de ego. Ellos hacían y deshacían con el aval del Ministerio de Justicia y Seguridad.”
Cuando era director de Seguridad del SPB y vicepresidente del Círculo de Oficiales, Borzani estuvo involucrado en una estafa a los guardias de bajo escalafón. Por medio de la empresa ficticia Simonetti Lovera, los penitenciarios cubrían cuotas que iban de 120 a 240 pesos por pistolas que recibirían al finalizar el plan de pago. Pero en agosto de 2010 la empresa quebró y el dinero se esfumó. Esa no fue la primera vez que Borzani tuvo que dar explicaciones a la justicia: en 2007, cuando estaba a cargo de la Unidad 15 de Batán, fue intimado por un juez porque no hacía los aportes de los presos que trabajaban bajo el convenio firmado con sectores pesqueros.
“Jamás hay un cargo para alguien externo al sistema. Es incalculable la plata que se roban”, explicó otra fuente penitenciaria en La Plata, que detalló que otra boca de recaudación es la Dirección de Trabajo Penitenciario, a cargo del inspector mayor Julio Anselmo, que respondía a Venche y a Borzani. “Anselmo supervisa los trabajos que se producen en los talleres de los penales y administra los convenios celebrados con empresas privadas. Preguntale a los presos si cobran lo que tiene que cobrar y después decime cuánta plata se llevan”, explicó otro penitenciario consultado. «
Nota publicada en la sección Policiales del diario Tiempo Argentino el domingo 5 de agosto de 2012

Se escapa un detenido cada 21 días de las prisiones bonaerenses


En lo que va del año, diez reclusos huyeron de los pabellones y las rejas. Marcelo Segovia, condenado a 29 años por el crimen de un comerciante de Ramos Mejía, continúa prófugo.

 Por Gastón Rodríguez
En la primera mitad del año se fugaron al menos diez presos de penales bonaerenses. Cada 21 días, entonces, un condenado recuperó la libertad antes de tiempo y sin permiso. La estadística no incluye a los menores, a los que violaron el régimen de salidas transitorias ni la cifra en negro (huidas que se silencian porque las recapturas son rápidas) que, se calcula, es similar. Pero no hubo evasiones cinematográficas: nadie cavó, paciente, un túnel kilométrico que lo comunicara con el exterior. Apenas algunos se descolgaron de muros anudando sábanas, confiados en la pasividad de los vigilantes que cuesta creer involuntaria. Hasta el publicitado escape de un reo travestido de una cárcel de máxima seguridad en Florencio Varela jamás se probó. Existió, en algunos casos, desidia, y en otros un descontrol alarmante, y siempre la sospecha de la complicidad del Servicio Penitenciario, dentro de un sistema desangrado por internas y luchas de poder.

ESCÁNDALOS. El viernes 20 de julio, Marcelo Adrián Segovia se fugó de la Unidad 23 de Florencio Varela ante la vista de todos. El Tribunal que lo había sentenciado una semana antes a 29 años de prisión por el homicidio en ocasión de robo en concurso real con portación de arma de guerra del comerciante Emiliano Martinó, baleado por la espalda en Ramos Mejía en los primeros minutos del 14 de junio de 2010, había aconsejado su traslado a una prisión de máxima seguridad, como es la 23, por su condición de reincidente. No sirvió de nada. Segovia se fugó entre las 14:30 y las 15, unas tres horas antes de que finalice el horario de visitas. Frente al bochorno, el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial separó de sus cargos a cinco autoridades del penal y avaló, a través de declaraciones del subsecretario de Política Criminal César Albarracín, el rumor instalado desde adentro del SPB, en un intento desesperado por justificar el «descuido».
Sin embargo, desde la fiscalía de Marcelo Selier, a cargo de la investigación, confirmaron a Tiempo Argentino que en el expediente «no existe ningún elemento que ni siquiera haga pensar que Segovia se escapó vestido de mujer».
La línea de trabajo que sigue el fiscal es la misma que publicó este medio hace más de una semana: una interna entre penitenciarios le franqueó al preso el camino, sin escala en alguno de los puestos de control, al portón de salida.
En ese sentido, la figura de Horacio Barrera, jefe de Penal de la Unidad 23 y uno de los cuadros separados luego del escándalo, se torna central. «El Chino», como se lo conoce a Barrera intramuros, es apuntado por los propios presos como alguien con quien se puede «arreglar» una fuga a cambio del pago puntual por el favor.
También trascendió que el director de la cárcel, prefecto mayor Raúl Martínez, estaba harto de las denuncias contra Barrera de parte de los internos y que tenía decidido echarlo. La fuga de Segovia, entonces, se convirtió en el desquite ideal.
«Los propios directores de los penales te dicen que el SPB está lleno de internas, pero la divisiones no son ideológicas, son por negocios, y eso justifica hacer cualquier cosa», admite un senador provincial que visita regularmente las cárceles.
Mientras tanto, a Segovia lo siguen buscando.
ARIEL SE FUE. El Tribunal Oral 10 de Lomas de Zamora que condenó a Ariel Boytovich a prisión perpetua calificó los dos homicidios que cometió como «venganzas típicas del hampa, con una brutalidad muy particular».
En junio, ya alojado en la Unidad 32, también en Florencia Varela, a Boytovich le otorgaron un permiso especial para visitar al padre enfermo en su casa de Parque Barón, en el partido de Lomas de Zamora. Cuando el preso llegó junto a la custodia de cuatro penitenciarios los recibió la mucama, porque el hombre había salido de urgencia al médico. A contramano del protocolo, los guardias no sólo le permitieron al recluso esperar por el padre, sino también lo dejaron ingresar a la casa para cambiarse la ropa.
Boytovich se encerró en una habitación, aflojó los tornillos de dos maderas cruzadas que simulaban una puerta tapiada y escapó por la parte trasera del terreno. La fiscal Mariana Monti de Lomas de Zamora tiene sospechas fundadas en que la custodia facilitó la fuga del detenido, pero no logró convencer al juez de detenerlos.
«Lo único que se hace con los guardias infieles es abrir un sumario administrativo, y eso se diluye cuando se acaba el ruido», acepta un penitenciario que exige anonimato.
Todavía el paradero de Boytovich es una incógnita.
LA CABRA.  Fue de madrugada, cerca de las tres y media del domingo 6 de mayo. Sebastián Norberto Carabajal, 27 años, «Cabra» para los íntimos y no tanto, y Luciano Rodrigo Martín de 24 y apodado «Chano», se escaparon de un pabellón de máxima seguridad construido en la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca. El vocero oficial explicó que «los dos internos forzaron las rejas de su celda» y que «armaron algo con palos de escobas para poder trepar el muro de cinco metros del lado de adentro del penal, y siete metros del lado de la calle».
Es poco probable que a Carabajal y Martín, dos sentenciados por homicidios, les haya alcanzado con tan poco para burlar la vigilancia. También es raro que ninguno de los centinelas parapetados en el puesto de control ubicado a menos de diez metros del lugar por donde treparon los presos no haya visto nada.
Se abrió una investigación interna y sólo un efectivo del SPB pasó a disponibilidad preventiva.
Chano fue recapturado a las pocas horas en Punta Alta. Iba a subirse a un remís que lo llevaría a Coronel Dorrego. Antes había avisado a la familia que lo esperara.
De la Cabra aún no se sabe nada.
LA PELOTA MANCHADA. El sábado 2 de junio Lionel Messi tuvo una actuación redentora en la Selección Argentina que goleó a la ecuatoriana por eliminatorias en el estadio Monumental. Los televisores de la Unidad Penal 44 de Batán, a unos 12 kilómetros al oeste de Mar del Plata, estaban sintonizados en el partido, y presos y guardiacárceles olvidaron por dos horas las diferencias y gozaron frente a las pantallas. Todos menos cuatro, ocupados en fugarse.
Walter Santamarina, Pablo Cabrera, Cristian Tapia y Daniel Ríos se aprovecharon del fervor. Según la reconstrucción de las autoridades, los internos estuvieron con sus familias –era día de visitas– hasta un poco después de las siete de la tarde, cuando fueron trasladados a un patio interno. Escalaron una de las paredes de ocho metros, ayudados con ganchos y sábanas, y saltaron al otro lado, donde sólo les restó atravesar un alambrado perimetral.
Recién a las 20:30, cuando se realizó el recuento de detenidos, los guardias descubrieron que faltaban Tapia, Santamarina, Ríos y Cabrera.
«De acuerdo al diseño institucional y tomando en cuenta todos los dispositivos de seguridad,  y me refiero fundamentalmente a las requisas, que son exhaustivas, y hasta en muchos casos vejatorias, es difícil pensar que alguien puede escaparse de un penal sin mediar alguna complicidad de un agente penitenciario», reflexiona Ricardo Cipriano García del Comité Contra La Tortura.
Parecido opina un fiscal que pidió reserva por el habitual contacto que mantiene con agentes del SPB. «En cada una de las fugas –afirma– la regla es disfrazar de incapacidad o desatención un acto de corrupción. Porque uno puede entender que alguien se escape de una comisaría, pero en una cárcel las medidas de seguridad son estrictas. O por lo menos eso parecía porque se percibe en el último tiempo un incremento de las evasiones.»
POXI TAMBIÉN SE MARCHÓ. Las crónicas policiales presentaron a Gustavo Maciel Villaverde, alias «Poxi» o «El Simulador», como lugarteniente de Néstor «Sopapita» Merlo, un mítico delincuente de la zona oeste canonizado por sus pares luego de que un almacenero lo matara a mazazos en 1996.
Poxi se fugó  de la Unidad Penal 41 de Campana en los primeros días de junio, pero recién se supo el día 26, cuando debía presentarse en las sedes judiciales de Morón y San Martín para saldar cuentas pendientes con la ley.
Se sospecha que a Poxi falsos penitenciarios lo cargaron en un auto alegando un traslado con un oficio apócrifo. No fue original. El 18 de julio de 2008 había escapado de la Unidad 9 de La Plata con la misma argucia.
El sábado 28 de julio se registró el último caso de una racha insólita. Agustín Lapenta Díaz, preso en Batán por robo, escapó de la Alcaldía cuando se hizo pasar por otro interno que debía ser excarcelado.
Lapenta Díaz salió caminando por la puerta del penal. Tan fácil como eso. «
Cronología y repercusiones
La condena: el 13 de julio, Marcelo Segovia fue condenado por el TOC 1 de La Matanza a 29 años de prisión por el asesinato de Emiliano Martinó, ocurrido el 14 de junio de 2010 en Ramos Mejía. Además, Segovia fue declarado reincidente por el tribunal, que determinó que fuera trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la Unidad 23 de Florencio Varela.
La fuga: el 20 de julio, el condenado escapó de la cárcel de máxima seguridad. La versión que circuló, avalada por César Albarracín, subsecretario de Investigación Criminal provincial, fue que se había fugado vestido de mujer.
Sin embargo, los voceros de la fiscalía que investiga el caso señalaron que no hay ningún elemento en el expediente que suscriba este rumor. La hipótesis más firme es que Segovia escapó gracias a la complicidad de un agente penitenciario.
Habló la presidenta: «El día 20 de julio –dijo sobre el caso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner– se toma conocimiento de que se escapa un peligroso delincuente. Obviamente que la fuga fue con complicidad.»
Nadie sabe dónde está: al cierre de esta edición, el prófugo no había sido recapturado por los investigadores de la Policía bonaerense, que en la última semana allanaron sin éxito dos casas de Fuerte Apache.
Método
Recapturados
Como réplica, un vocero del SPB argumentó que «siete de cada diez presos que se fugan son recapturados dentro de los tres meses» y explicó que el método siempre se repite: «Se monta un operativo cerca de la casa de la madre y la mujer, y sólo hay que esperarlos. Los que no vuelven, son los ‘pesados’, que tienen infraestructura», confía.
El dato
SILENCIO
Los funcionarios provinciales a cargo no quisieron hablar con Tiempo Argentino.
Nota publicada en la sección Policiales del diario Tiempo Argentino el domingo 5 de agosto de 2012