Sed de mal


Por Juan Alonso

 

Hoy es un día gloriosamente triste. Se termina una era. El kirchnerismo pasará a la historia como la construcción política que llegó para honrar y poner en práctica las banderas de justicia social que legó Perón. Las gestiones de Néstor y Cristina fueron los dos mejores gobiernos de la historia de la democracia. Nunca antes un movimiento revalorizó tanto la Política tras la debacle del 2001/2002. Veníamos del naufragio y aprendimos a nadar. Fuimos dignos. Gran parte de la sociedad dejó el trueque y el hambre por el salario, por la Asignación Universal por Hijo, por el trabajo, por la primera computadora entregada por el Estado en los arrabales del arrabal, por la Universidad en el barrio, por el colegio inclusivo, por la búsqueda incesante de Justicia en causas por violaciones a los Derechos Humanos. Fue una época donde a los genocidas se los llamó criminales. Porque la dictadura fue eso y no un proceso. El kirchnerismo vino a darle valor a los sueños de generaciones. El kirchnerismo enamoró. Y por antonomasia también captó los enemigos más poderosos que puede tener un gobierno democrático: las grandes cadenas de supermercados, la banca especulativa (interna y externa), la concentración mediática del Grupo Clarín y sus socios, y la lógica del capitalismo foráneo de la principal potencia del continente.

Hay presidente electo. Dicen ser el cambio: son el pasado.

No está mal hacer un ejercicio de memoria y recodar que cuando Fernando de la Rúa se fue por los techos (es el mismo personaje que se pronunció a favor de Macri), su Policía asesinó a tiros a 39 argentinos. Algunos cayeron baleados a metros del Obelisco y la Plaza de Mayo. Aquello no fue nada normal, digamos. Y la Corte no intervino. Ni siquiera con la peor sucesión de presientes truchos (cinco en total), que asumían por el transcurso de unas horas. Pero Cristina Fernández de Kirchner no sólo no se fue en helicóptero de la Casa Rosada como De la Rúa; tampoco renunció como hizo el cándido Carlos “Chacho” Álvarez. Ella deja un país sin deuda, con una sumatoria de derechos adquiridos para la clase trabajadora nunca vista  desde 1983. Además, de una pelea internacional en todos los foros con los fondos buitres que sentó jurisprudencia para el mundo.
Claro que el kirchnerismo tuvo los límites propios de todo proceso de raíz popular: el condicionamiento del sistema de acumulación del capitalismo y sus lobistas empresarios y cancerberos. El mismo poder del dinero que designa a dedo a los gerentes de multinacionales para adueñarse del Estado. Algo que no es nuevo en la historia nuestra.
La grieta no comenzó con las retenciones al campo. La grieta viene de lejos: desde que aquella antigua colonia española comenzó a abrirse camino con un grupo de patriotas y mercaderes leguleyos, en ese barral que era el río –tierra de contrabando y truhanería- rodeada de indios bravos que se comían los cadáveres de las vacas y caballos, y maloneaban el horizonte a pura rabia por la carencia del desierto pampeano. De ahí venimos. Somos un país forjado a fuego y a cuchillo. Donde el odio siempre fue más hondo y perdurable que la convivencia. Si en Estados Unidos los colonos se abrieron paso empuñando las pistolas de Samuel Colt, aquí la palabra degüello fue tan común como la costumbre alimenticia de masticar carne asada cocinada a las brasas.

El amigo Alejandro Caravario pensó que “El Matadero” -ese maravilloso libro de Esteban Echeverría- adelanta de alguna forma esa antigua (falta) donde se mezclan las pasiones más abyectas con la nobleza de los hombres, la persecución del bien común, y claro está: la psicosis colectiva. La carestía de carne. El lodazal. El charco donde va a parar la vida. La sangre como un mar de Judas. Todo eso también somos.
Ahora que soplan vientos de desguace hay que tener memoria y ser agradecidos. En el mundillo de los periodistas no suele haber sentido de clase. Algunos colegas creen ser cirujanos o filólogos, analistas del té con leche, mojadores de facturas y acomodaticios del espiral, la linternita, y el cine. Otros se proclaman como los defensores de una independencia falsa que esconde el verdadero chantaje. La técnica del aporreo. La negociación boxística de las palabras. Pero sucede que, a veces, lindos y lindas del biri-biri, las palabras son dueñas de una música que no tiene precio. No se vende. Es como la pelota de Diego. La palabra no se mancha. Y sobran los ejemplos: de Arlt a Walsh y de Viñas a Bayer. Los apóstoles de la gerencia del sentido lo saben, pero juegan a ser Tom Wolfe con el dinero que reciben de las patronales esclavistas. Fingen demencia y pretenden que todo el resto haga lo propio. Pero no. No todos nacimos para mayordomos.

La historia nos enseña que las grandes luchas no las ganan los individuos en solitario. Las ganan los sujetos que tienen una ideología, una identidad, una conducta y un motivo. Si la derecha está alambrando el mundo habrá que correrse para no ser enlazado por el neoliberalismo vacío y banal. Las personas no dejan (ganancias): somos seres humanos. De Cristo a Buda y del Zen al Bushido aprendimos que el destino está atado al anhelo del hombre. La pulsión puede ser mortal. Cuidado con la vocación suicida de una porción grande de esta sociedad.

En estos 12 años nos ha tocado dar batallas contra el poder de los medios concentrados, sus empresas y sus mandantes. Muchos de nosotros lo hemos hecho por absoluta convicción. Sin cargos, sin prebendas, sin jubilaciones de privilegio, sin caja ni chequera, sin cobardía, sin dinero de ninguna pauta  Ojalá no llegue nunca la hora de los financistas y especuladores que juegan a la derrota de los derechos del prójimo para abroquelarse en su falta de decoro y dignidad.

La Argentina que viene no será como la que hemos vivido. Los dueños de las grandes compañías nacionales y extranjeras llegan a apoderarse de los principales puestos del Estado. Quisieran privatizar Aerolíneas e YPF. Quisieran arrojar a cientos de trabajadores por la ventana. Han tenido la osadía de nombrar a un ex CEO de Techint en el Ministerio de Trabajo. No faltan quienes auguran que pretenden negociar una escala paritaria cada cuatro años. Y para mal de males cuentan con ciertos jueces y fiscales –los mismos que se manifestaron preocupados por la honestidad y el final de Alberto Nisman- para lograr sus planes revestidos de presunto republicanismo.
El único camino posible es dar testimonio. Revelar lo que el periodismo oficialista callará hasta arrimar sus dientes de vampiro sobre el cuello flácido de esta democracia de lacayos que se hacen llamar magistrados como en la antigua Grecia.-

Papel Prensa: la justicia aceptó como querellante a Lidia Papaleo


Por Juan Alonso

Todo llega.
Luego de tres años desde que el Estado Nacional denunció penalmente a los dueños y directivos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, la Junta Militar y sus instigadores civiles, por la apropiación ilegal de empresa Papel Prensa el 2 de noviembre de 1976, configurando el delito imprescriptible de lesa humanidad, hacia el final del jueves 6 de junio –el mismo día que este diario publicó en exclusiva una entrevista a Lidia Papaleo– el juez federal Julián Ercolini aceptó como parte querellante a la viuda de David Graiver. Lidia fue secuestrada por un grupo de tareas del Ejército el 14 de marzo de 1977, y padeció cárcel y torturas durante seis años en manos de Ramón Camps y su troupe de nazis de la picana. Además de no recibir un solo peso de la primera cuota irrisoria de 7000 dólares por el traspaso que tuvo que firmar, según declaró, “presionada” en las oficinas de La Nación, bajo amenaza de muerte por parte de Héctor Magnetto, que le soltó: “Firme o le costará la vida de su hija y la suya.”
La Argentina es tan generosa que este empresario actúa como ejecutor de los intereses de las corporaciones. Él y Bartolomé Mitre fueron socios de la dictadura genocida y hoy pretenden representar desde sus páginas al “periodismo independiente”. Acorralados, montan campañas de desgaste y desprestigio contra la democracia a través de sus programas de bricolaje. Fueron y son oficialistas del terror. Y no habrá forma de que se quiten la sangre con la que amasaron fortunas con Papel Prensa.
En Tiempo Argentino no publicamos cotillón. Damos testimonio y nos basamos en documentos considerados por la justicia.
En su escrito, Ercolini pone el acento en las notas que el autor de esta crónica realizó junto a Cynthia Ottaviano el 6 y el 26 de septiembre de 2010. Más precisamente en los artículos sobre las reuniones del general de brigada Bartolomé Gallino, con los directivos de los tres diarios en momentos en que Lidia Papaleo era brutalmente torturada en Puesto Vasco. Golpes y vejaciones que le produjeron un tumor cerebral.
Los cuatro documentos clave del Ejército que se publicaron en estas páginas fueron producidos el 7 de abril de 1977, a las 10:30 y a las 16:30; y el 9 de abril del mismo año, a las 8:40 y a las 20. El 7 de abril de 1977, con la firma del “oficial superior preventor Oscar Gallino”. El militar estaba a cargo de la “investigación”: un eufemismo para referirse a la sucesión de tormentos que se le practicó a toda la familia Graiver. El acta refrenda que Gallino recibió “a los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo ‘Fundador’ de Papel Prensa”.
El hombre con quien Magnetto y Mitre bebieron café, Gallino, fue subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno de la zona 4 de Campo de Mayo. Entre sus galardones de dudoso honor, se contaba la ejecución de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que habían intentado copar el Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo.
En otro documento del 9 de abril de 1977, dos días después de la reunión antes mencionada, Gallino volvió a dejar asentado que recibió a “el secretario de Industria, Raymundo Podestá, los presidentes de los directorios de La Nación, Clarín y La Razón, que son los adquirentes del paquete accionario del ‘Grupo Fundador’ de Papel Prensa, que representa el 26 por ciento del total del paquete accionario”.

Y tal como se dejó escrito en la burocracia de aquel Ejército criminal, el motivo de las reuniones con Magnetto, Mitre y Peralta Ramos era “producir sendos informes” para después ordenar: “Se preparan los interrogatorios a tomar el once de abril de 1977.”
Es decir: Gallino se “informaba” a través de estos recientes adherentes al republicanismo que apoyaron todos los golpes de Estado desde 1955 hasta aquí y luego “interrogaba” a los Graiver y a Lidia Papaleo, por entonces detenida-desaparecida.
Así de claro.
Valorando el complejo expediente, el juez Ercolini citó a Lidia Papaleo (una vez más) para el próximo jueves 13 de junio y la instó a “unificar la personería”, o sea la querella, con Rafael Ianover, ex mano derecha de “Dudi” Graiver y ex integrante del directorio de Papel Prensa, que fuera secuestrado el 12 de abril de 1977. El 28 de agosto de 2010 entrevistamos a Ianover y esa nota también forma parte del aporte documental que este diario aportó a la causa.
El juez tiene elementos suficientes para llamar a indagatoria a Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre.
¿Lo hará?

LOS ARGUMENTOS DEL FISCAL. En su resolución de siete carillas, el fiscal Carlos Stornelli realizó un análisis pormenorizado de la documentación de la causa. Si bien hacia el final de su escrito pide excusarse por su relación personal de “más de 30 años” con el ex ministro del Interior de la dictadura, Llamil Reston, familiar de su mujer –quien no está imputado en el expediente que investiga la apropiación de Papel Prensa–, aclara: “Más allá de las imputaciones concretas que en autos se han delineado a través de las distintas presentaciones formuladas por la Secretaría de Derechos Humanos en su rol de parte querellante, son numerosas las referencias que constan en autos respecto de un especial interés del gobierno de entonces, manifestado en sus más altas cúpulas, en que así los hechos se sucedieran. Es decir, a juzgar de numerosos testimonios reunidos hasta el momento y las propias afirmaciones de la parte querellante, más allá de las voluntades particulares de quienes integraban el gobierno de facto y de quienes pudieran resultar imputados en esta causa, puede deducirse que esto se trataba de una cuestión de particular interés para la Junta de Gobierno entonces conformada.”
En un párrafo anterior, Stornelli sopesó lo que cree sucederá: “(…) del detenido análisis del plexo probatorio hasta el momento reunido, no puede soslayarse que con el devenir de la instrucción y especialmente de las resultas de las diligencias propuestas por esta parte, pueden sobrevenir en el proceso razones que aconsejarían la excusación del suscripto”.
¿A qué se refiere concretamente el fiscal?
Es que ciertos amigos de Reston, su compañero de asados domingueros, podrían resultar procesados en el expediente, y él, Stornelli, prefiere proponer medidas de prueba antes que acusarlos directamente como funcionario que está en ese lugar para representar los intereses del Estado en nombre de todos los argentinos. Es un argumento entendible, claro. Razonable viniendo de una justicia que le esquiva la jeringa a los poderes fácticos que se llevaron puesto a Roberto Marquevich, en 2004, luego de haber encarcelado a Ernestina Herrera de Noble por el presunto trámite irregular en la adopción de sus hijos y herederos adoptivos Felipe y Marcela Noble Herrera.
Al margen de estas diligencias propias de la conciencia humana, el representante del Ministerio Público también puso en valor la nota que publicó este diario con la firma de Cynthia Ottaviano el pasado 12 de junio de 2010 sobre “los documentos desclasificados de los EE UU sobre Papel Prensa”, hasta entonces, “archivos secretos e inéditos”.
Todo ese material ya fue aportado por este medio al expediente. Al igual que la entrevista que le realizamos a Isidoro Graiver, otra víctima de la dictadura genocida, que nos dijo que el traspaso de las acciones a favor de Clarín, La Nación y La Razón había sido “a todas luces un afano, un afano”.

Por medio de Isidoro fuimos a buscar los archivos en donde se ve cómo los tres diarios presionaron a los Graiver desde sus tapas con campañas de acoso, antes de la firma del traspaso a fines de 1976. En eso no han cambiado.
Por esos caminos de la conciencia terrenal, Isidoro se plegó a los intereses de Magnetto y estaría viviendo en Londres con sus hijos. En el medio hubo, dicen los que lo conocen, más de 2 millones y medio de razones que lo llevaron a tomar semejante decisión extrasensorial. Y es que a veces, la conciencia de los hombres toma senderos insospechados.
Pese a quien le pese, la verdad triunfará. Por aquello de: “Justicia, justicia perseguirás.” «

Para stornelli no existió la dictadura

Puede parecer raro, pero 30 años después del período más oscuro de la historia nacional, para el fiscal Carlos Stornelli no existió la dictadura militar.
Stornelli se excusó de continuar como fiscal de la causa que investiga la apropiación por parte de Clarín y La Nación de las acciones de Papel Prensa por la relación que mantiene con el último ministro del Interior de la dictadura, Llamil Reston, que es familiar de su mujer.
En la argumentación con la que defiende esa decisión, Stornelli sostiene que Reston fue “funcionario militar en el marco del gobierno de ese entonces”. El “gobierno de ese entonces” fue la más sangrienta dictadura cívico-militar de que tenga memoria la historia argentina, responsable de la desaparición de 30 mil ciudadanos y ejecutora de un Plan Sistemático para el robo de bebés.
En otro párrafo, el fiscal se refiere a la dictadura como gobierno de facto, pero en su extenso escrito nunca la llama por su nombre: “dictadura”.

(Nota publicada en el diario Tiempo Argentino el domingo 9 de junio de 2013)

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El rol de Chiche Gelblung y la revista Gente en la última dictadura militar


En el ‘76, fueron mencionados por un cable de la Embajada de EE UU en la Argentina que describía una supuesta operación de prensa ideada por Harguindeguy. El periodista niega el episodio. “Tiene que ser llamado a declarar”, pidió Pablo Llonto.

Por Carlos Romero

 

Durante la última dictadura militar, la revista Gente, propiedad de Editorial Atlántida, fue uno de los medios más afines a la estrategia comunicacional del régimen instaurado el 24 de marzo de 1976. Sus páginas –como las de otros magazines y diarios de la época– sirvieron de plataforma para los objetivos que los represores se habían fijado de cara a la opinión pública.

En 1976, al frente de Gente se encontraba Samuel “Chiche”
Gelblung, a quien por estos días el diputado porteño denarvaísta Daniel Amoroso propuso nombrar “personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires por su larga trayectoria periodística”.
Gelblung había ingresado a Atlántida como cronista en 1966. Cuando ocurrió el golpe de Estado, ya era jefe de redacción de Gente y más tarde fue designado subdirector. En ambos casos, estuvo al tope del staff, sólo por debajo del director ejecutivo Aníbal C. Vigil. Ocupó ese puesto hasta principios del ’81, cuando pasó a editorial Perfil.
Cada vez que se lo cuestiona por su desempeño en los ’70, conduciendo una revista tan asociada con la propaganda de la dictadura, Gelblung repite que se limitó a hacer lo mismo que otros medios, como Clarín y La Nación, y que él también sufrió atentados militares. “No me avergüenza nada de lo que hice. Nadie me obligó. Era una época en la que todos creíamos estar en guerra (…) Había que estar en un bando o en el otro. Y yo elegí”, sostuvo en una entrevista de 2008 con la revista Sociedad. “Hicimos lo que pudimos –agregó–. Y todo estuvo bien mientras mataban a nuestros enemigos. Pero después empezaron a matar a nuestros amigos. A mí me metieron tres bombas.”
Tiempo Argentino presenta hoy un material que vuelve a poner en discusión lo hecho durante la dictadura por gran parte de la prensa. Se trata de un cable desclasificado de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, fechado el 16 de junio del ’76, donde se menciona a Gente y se hace un relato que involucra al entonces ministro del Interior Albano Harguindeguy con personas “detenidas” por la represión.
El telegrama Nº 3976 –desclasificado por el Departamento de Estado– tiene como tema “el gobierno y los medios” y fue enviado a Washington con la firma de Maxwell Chaplin, subjefe de la misión de los EE UU que en el país encabezaba el embajador Raúl Castro. Se ocupa de la llamada “campaña antiargentina”, una de las estrategias con las que el régimen buscó victimizarse y negar la existencia de secuestros y centros clandestinos de detención. Este supuesto “complot” organizado desde el extranjero tuvo un amplio despliegue en las páginas de Gente. De hecho, en 1978, en vísperas del mundial de fútbol, Gelblung en persona se ocuparía de su cobertura, en una de sus notas más repudiadas por los organismos de Derechos Humanos, titulada “Cara a cara con los jefes de la campaña antiargentina”.
El fin explícito del telegrama era mostrar los “errores” con que la dictadura se manejaba en relación a la prensa, incluso la más afín. “Los intentos más bien ingenuos e ineptos del gobierno por utilizar a los medios argentinos desde el golpe”, resume el texto. En este marco, se refiere a un “incidente ilustrativo”, menciona a Gelblung y describe, según la embajada, el armado de una nota favorable a los represores.
El cable afirma que en su edición del 10 de junio del ’76, Gente publicó un artículo con una serie de cartas enviadas desde el exterior, pidiendo por la liberación de personas que, se sospechaba, estaban en poder de la Junta. “Las cartas –indica el documento– eran parte de lo que el ministro del Interior Harguindeguy llamó ‘un complot internacional contra la Argentina’ en una conferencia de prensa el 2 de junio, y, de hecho, el artículo señaló que eran tan similares que claramente representaban una campaña coordinada.”
En sus declaraciones públicas, Harguindeguy había dicho desconocer el paradero de las personas mencionadas y que la mayoría ni siquiera había estado en el país. Según el informe de Chaplin, Gente solicitó copias de ese material para cubrir el tema. “El ministro aceptó –continúa el relato– pero cuando le mostraron las pruebas de galera de un muy favorable artículo, cambió de opinión y ordenó que las cartas no fueran publicadas. Gente explicó que la edición ya se había enviado a la imprenta y Harguindeguy respondió que si no era retirada iba a tener que confiscar la tirada.”
En ese momento, el cable sostiene: “Cuando fue consultado por el editor ejecutivo de Gente Samuel Gelblung (proteger) sobre el fundamento de su actitud, Harguindeguy admitió tímidamente que había mentido en su conferencia de prensa y que de hecho la mayoría de los individuos nombrados en las cartas estaban en custodia gubernamental.” Ante esa supuesta revelación, el funcionario norteamericano escribió: “Gelblung inmediatamente solicitó un poco de cinta, cubrió los nombres ofensivos y el artículo levemente alterado apareció el día siguiente.”
Contactado por Tiempo Argentino, Gelblung negó lo planteado en el cable. “En mi vida crucé una palabra con Harguindeguy –sostuvo–. No recuerdo este episodio puntual, pero, independientemente de eso, en mi vida he tenido un diálogo con Harguindeguy”. También agregó: “En mi vida la revista Gente le remitió a ningún ministro, estando yo a cargo de la redacción, ni un solo papel, ni un print, ni una prueba de nada, digamos, que yo tenga conocimiento.” Incluso, Gelblung llegó a asegurar que “la relación con la casa de gobierno en el ‘76 era nula” y que lo único que recibían de los militares eran “puteadas”. Sobre el artículo en cuestión, dijo no recordarlo: “No lo tengo presente, tendría que revisarlo”, respondió.
La nota de Gente mencionada en el telegrama se tituló “¿Quién está detrás de todo esto?” Anunciaba “las pruebas de una campaña contra el país” y ocupó cuatro páginas donde se mostraron siete cartas, de las cuales seis llevaban bandas negras tapando los nombres de las personas por las que se intercedía. “El país enfrenta un hecho gravísimo. El ministro del Interior ha denunciado que hay una campaña del terrorismo internacional para desprestigiar a la Argentina en un momento clave del proceso de reorganización nacional”, afirmaba el primer párrafo de la nota. “Desde 14 países llegan a diario cartas que reclaman la ‘liberación’ de presuntos detenidos políticos que ni siquiera han estado como turistas”, agregaba.
Sobre una misiva enviada desde Suecia con once firmas, la revista dijo que para los peritos habían sido escritas por sólo dos personas. “Una vulgar falsificación. Una burda mentira que intenta entorpecer el camino del país”, consideró Gente. De una carta con membrete de la universidad británica de Bradford, que intercedía por dos científicos, el artículo volvió a hacer suya la versión militar: después de poner en duda la existencia misma de esas personas, sentenció que “nunca estuvieron en la Argentina”. En cuanto a un reclamo con remitente de Palma de Mallorca, aseguró que pedía “la ‘liberación’ de personajes convertidos en ‘caballitos de batalla’ por el terrorismo internacional”.
La única carta sin tachaduras fue una dirigida al dictador Jorge Rafael Videla desde Alemania, exigiendo por la libertad de ocho ciudadanos chilenos. De acuerdo con los documentos públicos consultados por este diario, todos ellos estuvieron efectivamente en poder de los represores, en el marco del Plan Cóndor y en sintonía con la dictadura de Augusto Pinochet.
Retomando los dichos de Harguindeguy en su conferencia de prensa, Gente también vinculó otros hechos resonantes con la teoría conspirativa que buscaba instalar la Junta. Entre los episodios reseñados estaba el asesinato del ex presidente de Bolivia Juan José Torres, exiliado en Buenos Aires y muerto el 2 de junio del ’76. La revista, que le dedicó un recuadro al tema, lo definió como “uno de los hitos más dramáticos de la campaña terrorista internacional lanzada contra la Argentina”. Luego se sabría que a Torres lo asesinó la represión conjunta de los gobiernos de Videla y del boliviano Hugo Banzer. Asimismo, se recordó el homicidio de Zelmar Michelini, periodista uruguayo y denunciante de los crímenes militares en su país. Michelini había sido asesinado en Buenos Aires dos meses después del golpe. En 2006, la responsabilidad intelectual de su muerte, también ejecutada dentro del Plan Cóndor, se le imputó a la dictadura que en Uruguay encabezaba Juan María Bordaberry.
“Son parte de este plan oscuro”, sostenía Gente en el ’76. Por entonces, la misma tónica se replicaba en otros medios de Atlántida. De hecho, existen tres denuncias que piden investigar el vínculo entre los uniformados y esa editorial. Una fue hecha en 2009 por el abogado y periodista Pablo Llonto, que presentó un escrito en la causa Nº 14.216, del 1º Cuerpo del Ejército, para que se determine la relación entre los represores, Clarín y la revista Somos (ver recuadro). Por otra parte, está la causa Nº 7.650, impulsada en 2008 por Thelma Jara de Cabezas, sobreviviente de la ESMA, a raíz de una nota publicada por Para Ti en 1979. Allí, por “conexidad”, sumó su denuncia Alejandrina Barry, hija de militantes montoneros asesinados en 1977 en Uruguay. En su caso, los artículos en cuestión aparecieron en diciembre del ’77 en Somos y en enero del ‘78 en Gente y Para Ti.
Según adelantó Llonto, el cable presentado por Tiempo puede agregarse a los elementos acumulados en estos expedientes. También afirmó que “Gelblung tiene que ser llamado a declarar como imputado”.
“Si la justicia me quiere preguntar algo, no tengo ningún problema. No tengo nada que ocultar”, respondió el ex director de Gente.
Cuando ya pasaron 36 años del golpe de Estado, el rol cumplido por la prensa sigue aguardando a ser esclarecido.  <
Llonto: “Hay que juzgar el rol de la prensa”
Pablo Llonto, abogado en varias causas por crímenes de la dictadura, presentó en 2009 una denuncia en el Juzgado Federal Penal Nº 3, de Daniel Rafecas, para que se investigue el papel que en el plan de la Junta Militar ocupó la prensa. Su caso testigo fueron notas publicadas en 1977, donde se mostró a los centros clandestinos como “establecimientos” de detención y se contó “cómo viven los desertores de la subversión”. Llonto explicó que “la denuncia fue hecha en función de editorial Atlántida y Clarín, y para que se investigue el rol cumplido por otros medios”. En ese sentido, sostuvo que Samuel “Chiche” Gelblung “debe ser llamado a prestar declaración”.
Su hipótesis es que “varios medios formaron parte de una campaña de desinformación a la sociedad, como parte del plan de ocultamiento de la dictadura”. Mencionó el antecedente internacional de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en Ruanda, donde se juzgó el rol de los medios. “Argentina tiene que juzgar penalmente el papel que tuvo la prensa, investigar cuál fue el rol de los medios y de determinados periodistas en hechos concretos.”
–¿Qué lectura hace del caso puntual de Gelblung?
–Creemos que es alguien que debe ser citado como imputado, por la responsabilidad jerárquica que tuvo y por distintos elementos que fuimos agregando.
–¿Cómo cuáles?
–La nota que para Gente va a hacer a Francia en el ’78, por la “campaña antiargentina”, donde es él quien pone los adjetivos y califica a los organismos de Derechos Humanos. También está la entrevista que en 2008 dio a la revista Sociedad. Ahí dice que había una guerra y que él eligió un bando, y queda en claro que ya el ’76, con lo que cuenta de “Jarito” Walker, fue testigo de un secuestro. No de haberlo visto, pero sí de saber que Jarito tenía tres días para irse del país (ver aparte).
–¿Fue llamado a declarar?
–Nunca. Lo pedimos varias veces. El juez lo tiene que citar para que haya una conclusión, en uno u otro sentido.
El caso “Jarito” Walker
Enrique “Jarito” Walker fue periodista y militante montonero, desaparecido el 17 de julio del ’76. En los ’60, fue secretario de redacción de Gente. En 2008, en una entrevista con Juan Salinas para la revista Sociedad, “Chiche” Gelblung dijo lo siguiente: “Me llamó el general Samuel Cáceres (sic), que había sido jefe de la Policía Federal, y me preguntó si Jarito era amigo mío. Le dije que sí (…). Cáceres me dijo que tenía tres días, 72 horas para irse del país. Me apuré a ponerme en contacto con él y lo cité en la Cámara Argentina de la Construcción. Ahí, en el ascensor, le transmití el mensaje. Y él me dijo: ‘Es lo único que te faltaba: ser el vocero de los secuestradores.’ ‘Andá a la mierda’, le contesté, muy amargado. Pasó el plazo fijado y a Jarito lo chuparon en un cine de la avenida Rivadavia al cinco mil.”
Publicado por el diario Tiempo Argentino el 29 de abril de 2012
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Un día peronista


J.A.

En un día peronista siempre hay justicia. El pueblo es feliz, las mayorías festejan y las minorías lamentan su desprecio.

En un día peronista, el gobierno toma decisiones en beneficio de la Patria, pensando en el futuro de todos los argentinos.

En un día peronista, Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta de la República. Y debemos sentir orgullo por eso.

En un día peronista, se corrigen los errores del pasado, con planes concretos de recuperación de los intereses nacionales.

En un día peronista, YPF volvió a ser de la Argentina.

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Papel Prensa: las 30 pruebas contra Mitre y Magnetto


La alianza entre los tres diarios y las tres armas

Las 30 pruebas que complican a Mitre y Magnetto en Papel Prensa

Publicado el 13 de Diciembre de 2011

Por Cynthia Ottaviano
Jefa de Investigación.

A quince meses del informe Papel Prensa – La verdad, se acumularon más de 14 mil fojas en el expediente. Ahora, el juez Ercolini tiene la oportunidad de profundizar en la investigación, leading-case de la complicidad cívico-militar en la dictadura.
Un alto funcionario judicial, atemorizado por perder su carrera judicial, presenta su renuncia. Un juez que se siente acorralado, rechaza dos veces la causa judicial. Otro juez que, en medio de la noche, recibe el llamado a su casa de un testigo que dice estar urgido por declarar, lo cita para el día siguiente en sede judicial, pero no deja constancia en el expediente del llamado inusual. El testigo, después de declarar y reunirse con representantes de Clarín y La Nación, se va de viaje al exterior y se torna imposible de contactar, excepto para empleados de Clarín y La Nación, como Joaquín Morales Solá. Dos abogados intentan hacer pasar por verdadera una foja trucha para beneficiar a sus defendidos. Una de las testigos principales vive amenazada. Tres dueños de medios de comunicación oligopólicos son imputados como sospechosos de ser partícipes necesarios de la posible comisión de delitos de lesa humanidad y denuncian “persecución”. Todo esto ocurrió en apenas 15 meses, desde que la presidenta Cristina Fernández presentó el informe oficial Papel Prensa – La verdad y decidió enviar al Congreso un proyecto de ley para declarar de interés público la producción, distribución y comercialización de papel para diarios, algo así como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la prensa gráfica. Fue el 24 de agosto del año pasado y recién en estas sesiones extraordinarias se espera su tratamiento en el Congreso. Todo esto pasó, pero nada fue suficiente para que los imputados por la apropiación ilegal de Papel Prensa, Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre hayan sido citados a declarar. Y no por falta de pruebas. De hecho, hace un año la causa judicial tenía apenas 100 fojas y ahora, gracias al trabajo esencial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, suma 14 mil, en 70 cuerpos, incluidas las pruebas presentadas por Tiempo Argentino. En ese expediente, que desde hoy analizará el juez federal Julián Ercolini, se encuentran las 30 pruebas clave que publica este diario para recordar que la profundización de esta investigación, con 35 años de dilaciones, no se hace por falta de elementos documentales o testimoniales, sino por una sinuosa voluntad judicial para llegar a la verdad.

 

01 Dictamen Ricardo Molinas sobre la elección de los tres diarios:

“Al conocerse la muerte o desaparición de David Graiver y la quiebra del grupo, las máximas autoridades nacionales del momento tomaron la determinación de liquidar el grupo, para ello decidieron obligar a los herederos a transferir las empresas. La Junta de Comandantes decidió que el Grupo Graiver debía transferir el paquete accionario clase A de Papel Prensa, eligiendo ellos mismos como compradores a los diarios La Nación, Clarín y La Razón. Esto surge claramente, no sólo de los dichos de los integrantes del Grupo Graiver, sino de todas las declaraciones informativas o testimoniales reunidas en autos (…) El precio fue objetado por lo bajo en el juicio sucesorio de David Graiver por el representante del Ministerio Público.”

 

02Testimonio de Isidoro Graiver, ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, 6 de noviembre de 1985:

“En octubre de 1976, el doctor Miguel de Anchorena en ese entonces abogado apoderado de la sucesión Graiver, David, se puso en contacto con su cuñada para informarle que había recibido una información del señor Francisco Manrique cuyo contenido era sintéticamente que el gobierno nacional vería con agrado la desaparición del conjunto empresario Graiver como tal, para lo cual sería necesario la venta de los paquetes accionarios del Banco Comercial del Plata, del Banco de Hurlingham y el paquete de control o mejor dicho del control accionario de Papel Prensa, estimando que los compradores lógicos de este último paquete eran los diarios La Nación, Clarín y La Razón.”

 

03 Declaración José Alfredo Martínez de Hoz ante Fiscalía Administrativa, 27 de noviembre de 1985:

“Interesaba que en definitiva la conducción de la empresa fuera llevada adelante por accionistas que tuviesen un verdadero interés y responsabilidad para llevarlo a cabo. La Junta aprobó el criterio de prestar su autorización para la transferencia de dichas acciones al grupo de los diarios (…) Se pensaba que este era el grupo más capaz, más responsable para llegar a la conclusión del proyecto y su puesta en marcha.”

 

04  Testimonio Lidia Papaleo, ante la Fiscalía Administrativa, 7 de noviembre de 1985:

“El Dr. Miguel de Anchorena le comunicó que Francisco Manrique le había manifestado que las autoridades nacionales deseaban que el Grupo Graiver vendiera el paquete accionario de Papel Prensa, del Banco Hurlingham y del Banco Comercial de La Plata, y que el comprador indicado sería los diarios La Razón, Clarín y La Nación (…) Que Martínez Segovia, presidente del directorio de Papel Prensa agregó que esa venta no podía efectuarse ni a personas de la colectividad judía ni a un grupo extranjero. (…) El precio era menor al que aspiraban pero no había otra alternativa.”

 

05Testimonio de Francisco Manrique (ex ministro de Bienestar Social 1970-72, David Graiver había asumido la Subsecretaría de Bienestar Social), ante Fiscalía Administrativa, 24 de abril de 1986:

“Lidia Papaleo (se comunicó) para informarme que en ese caso era el gobierno con una cabeza visible que era el doctor Podestá (su amigo y secretario de Promoción Industrial) que interfería en una operación de venta de Papel Prensa.” (Podestá) me dijo que “robarle a un ladrón tenía cien años de perdón, a juzgar por los calificativos que se echaban sobre los Graiver y las actitudes que aparentemente se estaban tomando contra ellos.”

 

06 Declaración de Pedro Jorge Martínez Segovia, Fiscalía Administrativa, 13 de noviembre de 1985:

“Fue una advertencia lógica como resultado de las normas que regían y rigen las transferencias de paquetes accionarios Clase A grupos extranjeros y en cuanto a la eventual venta a un miembro de la colectividad judía, pudo haber sido un consejo atento a las circunstancias del momento y no como una manifestación de antisemitismo (…) El Estado no quería estar asociado, aunque sea por un breve lapso, con el grupo Graiver, de gran notoriedad en esos momentos” (tener en cuenta notas publicadas).

 

07 Declaración de Emilio Eduardo Massera ante Fiscalía Administrativa, 5 de diciembre de 1985:

“Se analizó la posibilidad de que ingresara a la empresa, personas jurídicas o individuales de reconocida solvencia moral y material.”

 

08 Testimonio de Alberto Máximo D’Agostino, ante la misma Fiscalía, 4 de diciembre de 1984:

“Preguntado respecto a si al investigar la composición del paquete accionario de la empresa determinó la presencia de capitales pertenecientes a la Agrupación Montoneros, proscripta en aquel momento, responde que no. Que en ningún momento surgió un indicio en tal sentido.”

 

09 Acta secreta: los militares le quisieron poner una mínima condición a los tres diarios, a cambio de posicionarlos para el negocio, pero los diarios se negaron. Se les pedía que dejaran entrar en el negocio al resto de los periódicos del país y que les ofrecieran “hasta un 49% de las cantidades por ellos adquiridas en las mismas condiciones de precio y plazo”. En el Anexo II del Acta Secreta 14, del 15 de diciembre del ’76, quedó registrada la negativa: “Luego de pocas horas de tomar conocimiento, los diarios manifestaron la imposibilidad de contemplar favorablemente (el pedido), no creían prudente ceder acciones de la Clase A a otros posibles usuarios, pues se compartiría y debilitaría la conducción.”

 

10 Declaración de Raymundo Juan Pío Podestá, secretario de Desarrollo Industrial, ante la Fiscalía Administrativa, 17 de diciembre de 1985 (asesoró a pedido del ministro de Economía):

“El objetivo de la participación de los demás diarios (para que participen de la misma manera que Clarín, La Nación y La Razón) no se logró ya que los compradores preferían desistir de la compra antes que asumir el compromiso que se les pedía, lo que al final fue considerada razonable por la Junta. (…) Se tomó la decisión de no formar quórum hasta poner en conocimiento de la superioridad.”

 

11 Declaración judicial de Rafael Ianover ante el juez Arnaldo Corazza (7 y 14 de abril de 2010):

Relató diversas acciones ilícitas entre las que encuentran la detención ilegal y torturas de varios miembros de la familia Graiver y su entorno, así como su propia detención ilegal en condiciones inhumanas, todo lo que concluyó en el traspaso del paquete accionario  de la empresa en cuestión: “el temor y el terror que vivía en ese tiempo no me permitieron leer el convenio que iba a firmar. Lo firmé porque era voz corriente en ese momento que había detenidos desaparecidos, y quería protegerme a mí y a mi familia.”

 

12 Presentación realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación:

“La transmisión del paquete accionario de Papel Prensa SA que se encontraba en poder de Rafael Ianover, la firma Galería Da Vinci SA –de propiedad de David Graiver– y de los herederos de David Graiver realizada a favor de Fapel SA, habría sido llevada adelante mediante la comisión de los delitos de extorsión, privación ilegítima de la libertad, torturas, vejaciones y asociación ilícita, de los que habrían resultado víctimas Juan Graiver, Eva Gitnacht de Graiver, Enrique Brodsky, Isidoro Miguel Graiver, Lidia Haydeé Brodsky de Graiver, Lidia Elba Papaleo de Graiver, Rafael Ianover, Lidia C. Gesualdi y Silvia Fanjul, y de las torturas seguidas de muerte de Jorge Rubinstein; hechos que fueron calificados como crímenes contra la humanidad y, por ende, imprescriptibles.”

 

13 Declaración de Osvaldo Papaleo, juzgado Arnaldo Corazza, 17 de mayo de 2010:

Vinculó la privación ilegal de la libertad de su persona y de distintos integrantes de la familia Graiver con la anterior transferencia de acciones de Papel Prensa SA.

 

14 Testimonio de Isidoro Graiver a este diario:

“Fue una operación que era a todas luces un afano, lisa y llanamente un afano. Los diarios nos humillaron. Las presiones eran permanentes. Nos dedicaban las primeras planas todos los días, ‘la familia Graiver, los chorros’. Había un tema de intereses, que obviamente también existían, y además el tema de la humillación. En su momento fue casi una capitulación de la Unión Industrial Argentina (UIA) frente a la Confederación General Económica (CGE), en la época de José Ber Gelbard, y se debían la revancha. La revancha de las familias patricias o de las grandes empresas o bancos en la que estábamos insertados con fuerza. Nos destruyeron como grupo económico porque ese era el objetivo, sacarnos de pista. Antes de la muerte de mi hermano, era uno de los grupos económicos más fuertes. Nosotros perdíamos como mínimo los derechos políticos sobre las acciones, es decir, todo, y con el riesgo de tener que devolver las acciones, es decir una cosa asquerosa. Nos humillaron.”

 

15 Notas publicadas por Clarín, La Nación y La Razón, reproducidas por este diario, confirman el testimonio de Isidoro:

La Nación, 11 de octubre de 1976, el Grupo Graiver estaba supuestamente “implicado en la quiebra fraudulenta de dos bancos (…) por 150 millones de dólares”. Cuatro días después desplegó una publicidad a página completa de la revista Somos, con el título: “El caso Graiver”, en el que los habían escudriñado y hasta se preguntaban: “¿Está muerto… o no?” Ese mismo día, Clarín publicó que el grupo Graiver “involucra en un delicado problema a varios bancos de Buenos Aires”. Los acusaban con “informaciones extraoficiales” de usar uno de sus bancos “para exportar capitales de la Argentina”, de hacer “actividades ilegales”, “demostrándose que habían presentado sucesivos balances falsos que lucían una irreal prosperidad”. Para terminar ese artículo, que no estaba firmado por ningún periodista, aseguraban: “no se explican (…) cómo Graiver pudo haber gozado de impunidad”. Nueve días después, ya en medio de las negociaciones, para La Nación no eran supuestos. Al referirse a David decían: “el millonario argentino al que se involucra en un gigantesco fraude”. El 22 de octubre, el tema llegó al ya mencionado editorial principal de Clarín. Primero destacaron que “el clima reinante antes del 24 de marzo (del golpe) era de corrupción administrativa del régimen”, y luego de describir las operatorias ilegales que le atribuían al grupo aseguraron: “(se) hace necesaria una más prolija investigación”. El 28 de octubre, después de detallar las “responsabilidad de Gelbard”,  sostuvieron que el ex ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard, “fue sancionado, privándosele de sus derechos políticos y de su ciudadanía argentina”, se encargaron del Grupo Graiver: “con notoria vinculación con Gelbard, que le valió todo tipo de ventajas y privilegios y cuyos manejos financieros han culminado con un escándalo de proporciones internacionales.”

 

16 El precio: Fapel acordó que paquete de acciones clase A de Galería Da Vinci se pague

U$S 3.725.000. Se acordó el pago en una escribanía de U$S 26.928 el día de la suscripción del convenio, la misma cantidad a los 30 días y el saldo, U$S 3.671.144, a los 90 días. Sujeto a la aprobación por parte de la Asamblea. Paquete de acciones Clase A, de Rafael Ianover: U$S 3.579.000, en similares condiciones. Sujeto a la aprobación por parte de la Asamblea. Paquete de acciones clase C y E, de David Graiver (vendidas por herederos): U$S 996.000, pago en tres cuotas, la primera de U$S 7200 el día de la suscripción del convenio, la segunda a los 30 días y el resto, U$S 981.600 a los 90 días. Ad referéndum de la aprobación del juez de la sucesión, que nunca la da. El 24 de marzo, el asesor de menores César Hernán Cozzi Gainza pide que “se establezca por medio de perito designado cuál es el valor real de las acciones que pretenden enajenarse”. Se establecen dos métodos: el del patrimonio neto determinó que las acciones no valían U$S 996.000, sino U$S 2.316.987. Y el método de patrimonio ajustado determinó que era U$S 4.330.106. Es decir, que se quiso pagar mucho menos de la mitad en un caso y menos de una décima parte en el otro.

 

17 Testimonios de Manrique, Ianover, Isidoro Graiver ante la Fiscalía Administrativa sobre las presiones para que la suscripción de convenios se hiciera un día antes de la Asamblea a la que el Estado decidió no ir para impedir que los Graiver fueran aprobados como socios y corrieran así el riesgo de perder su patrimonio.

 

18 Documentos que prueban que pocos días después de suscriptos los convenios, Fapel transfirió las acciones Clase A a los diarios. El 18 de enero la Asamblea autorizó las transferencias. El 8 de marzo es secuestrado Juan Graiver, al día siguiente, el 9 de marzo Lidia Papaleo le pidió al juez que autorizara la transferencia. El juez no la autoriza. El 14 secuestran a Lidia Papaleo, Silvia Fanjul y Lidia Gesualdi, secretarias del grupo. El 15, al abogado Jorge Rubinstein, segundo del grupo, asesinado el 4 de abril. El 17 de marzo, a Isidoro Graiver, el 22, a su madre, Eva Gitnacht y el 12 de abril a Rafael Ianover.

 

19 Documentos revelados por este diario de la reunión mantenida por el General Oscar Bartolomé Gallino el 7 de abril de 1977 con “los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo ‘Fundador’ de Papel Prensa SA”. En el Boletín oficial de la fecha figuran como directores Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta Ramos. Los Graiver y sus empleados seguían secuestrados.

 

20 Documento revelado por este diario con la segunda reunión de Gallino, el 9 de abril de 1977, que establece que “a las 8 horas y cuarenta minutos concurren a producir sendos informes el señor secretario de Industria, doctor (Raymundo) Podestá, los presidentes de los directorios de los diarios La Nación, Clarín y La Razón (…) En la misma fecha, a las veinte horas se preparan los interrogatorios a tomar el once de abril.”

 

21Documento dado a conocer por este diario, que prueba que después de reunirse con Mitre, Magnetto y Peralta Ramos, Gallino interrogó el 11 de abril de 1977 a Lidia Papaleo. Preguntó sobre el expediente sucesorio y los bienes declarados en esa causa. Lidia mencionó Papel Prensa, después siguió con el Banco Comercial de La Plata, el Banco de Hurlingham y un departamento en la calle Darragueyra, de Capital Federal. Uno a uno, Gallino le pidió que desglosara nombres de empresas y personas, accionistas y empleados. Encuentros y acuerdos. Lidia contó que se había encontrado con Lanusse, Bernardo Neustadt y Jacobo Timerman, por Papel Prensa y las acciones del diario La Opinión. Gallino insistió sobre Papel Prensa: “preguntada quién forma parte de la sociedad de Papel Prensa, dijo que hay acciones a nombre de David Graiver, Galería Da Vinci y el señor Ianover”, señala el documento.

 

22 Resolución Nº 3 de la Junta Militar del 19 de abril de 1977 en la que se declara la interdicción de los bienes de los Graiver.

 

23 Documento presentado por Clarín, La Nación y La Razón el 16 de mayo de 1977 (mientras los familiares y empleados del grupo Graiver estaban secuestrados) solicitando “oportunamente el Tribunal acuerde judicialmente la aprobación a la venta cesión y transferencia realizada”.

 

24 Presentación del Banco Nacional de Desarrollo poniendo en tela de juicio el valor otorgado a las acciones C y E en los convenios de transferencia del 2 de junio de 1976.

 

25 Editorial publicada en simultáneo por Clarín, La Nación y La Razón, en sus respectivas tapas, el 19 de mayo de 1977: “A la opinión pública”, tras explicar que con “la conformidad de la Junta de Comandantes” lograron adquirir las acciones Clase A de Papel Prensa, aseguran que: “los tres diarios no han hecho un solo pago ni han dado un solo paso que no fuera con el conocimiento y aprobación previos por parte de las autoridades militares intervinientes”. Agregan: “El precio pagado por la transferencia accionaria se halla debidamente preservado mediante su depósito, por indicación del oficial superior preventor, general Osvaldo Bartolomé Gallino (sic)”, y concluyen que se hizo “con el consentimiento previo y posterior del Estado, a través de la más alta expresión de su voluntad, que consta en acta de la Junta Militar (…), en defensa de la libertad de prensa y respetando uno de los soportes de nuestro estilo de vida (…).”

 

26 Intento de hacer pasar como verdadera una foja trucha, denunciado por este diario: La foja que presentaron en la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata los abogados Hugo Wortman Jofré, en representación de Héctor Magnetto, y Alejandro Pérez Chada, por parte de Bartolomé Mitre, es producto de un dictamen del fiscal Molinas que fue fraguado para beneficiar a Clarín, La Nación y La Razón. Se retiró la foja original del expediente y se remplazó por otra escrita nuevamente en la que se omitieron dos frases que perjudican a los directivos de los diarios. Esas dos frases que no fueron tipeadas en la foja que remplazó la original: “la Junta de Comandantes decidió que el Grupo Graiver debía transferir el paquete accionario Clase A de Papel Prensa, eligiendo ellos mismos como compradores a los diarios La Nación, Clarín y La Razón”, y luego, en el mismo sentido, cuatro párrafos más adelante, Molinas especificó que quedaba claro el “apuro de la negociación y la existencia de un solo oferente impuesto o elegido por las autoridades nacionales”. La foja original tiene el sello medalla correspondiente a la fiscalía y la firma de la secretaria letrada María Inés Rava que confirma que se trata de una copia fiel del original. La trucha no tiene ningún sello ni firma. Ambas fueron reveladas por este diario.

 

27 Testimonios de José Rogelio Villarreal, secretario general de la Presidencia de Jorge Rafael Videla, y Patricio Peralta Ramos, ex director del diario La Razón, confirmando que fue la Junta Militar la que determinó la participación de Clarín, La Nación y La Razón, obtenidos por la periodista Graciela Mochkofsky.

 

28 Dictamen Ministerio Público Fiscal, Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro, 27 de abril de 2011:

“El conjunto de maniobras cuya autoría se atribuye a integrantes del entonces gobierno de facto en presunta colusión con los propietarios y/o representantes de las empresas denunciadas en autos, podrían haber sido parte del conjunto de acciones persecutorias desplegadas desde el Estado contra grupos o colectivos definidos por los perpetradores, basados en motivos políticos, económicos y religiosos (…) La adquisición presuntamente extorsiva de las acciones de Papel Prensa podría ser calificada como delito de lesa humanidad, en el contexto de un ataque generalizado y sistemático sufrido por la población civil argentina entre los años 1976 y 1983 (…) la ejecución y consumación de las referidas acciones presuntamente extorsivas que habrían llevado a la adquisición de la empresa Papel Prensa tuvieron lugar en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. Ello importa encuadrar la adquisición presuntamente extorsiva de las acciones de Papel Prensa, prima facie, como delito de lesa humanidad.”

 

29 Resolución Sala III Penal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, 16 de junio de 2011, confirma dictamen de Fiscalía:

“Las diligencias practicadas en la causa autorizan a sostener –en este estadio preliminar– que el conjunto de acciones dirigidas al traspaso compulsivo de las acciones de la empresa Papel Prensa habrían ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno de los más significativos –la suscripción de los contratos de venta de las acciones de Papel Prensa SA– habría acaecido en las oficinas del diario La Nación, ubicadas en la calle Florida entre Corrientes y Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”

 

30 Declaración de incompetencia de Daniel Rafecas, 4 de agosto de 2011:

“La labor probatoria producida en el expediente hasta el momento, le asigna verosimilitud a la hipótesis de la Secretaría de Derechos Humanos, en cuanto se denunciara la existencia de un concierto delictivo que permitiría la calificación de tales hechos como delitos de lesa humanidad y que tendría como su epicentro, la privación ilegal de la libertad y tormentos de las víctimas, conductas teñidas de la dimensión económica de las finalidades del régimen que habrían determinado el plan que fue implementado a través de los órganos represivos dependientes de la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires (…) La totalidad de las víctimas mencionadas, habría sido secuestrada, exclusivamente, por su vinculación con David Graiver y la operatoria económica de sus empresas (…) Las víctimas habrían sido interrogadas dentro del circuito Camps, respecto del sitio que ocupaban en el Grupo económico Graiver (…) La única reunión que habría mantenido Gallino con personas que no fueran funcionarios del Estado fue con los integrantes de los adquirentes de las acciones Clase A de Papel Prensa SA, a través de Fapel SA y con el motivo explicitado de la adquisición de tales acciones. (…) Este puñado de circunstancias (…) vincularían a la apropiación de la empresa como la concreción de un plan proveniente de las más altas esferas del régimen militar y concretada, en su momento más crítico, a través del aparato represivo de la línea de mando de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y como parte de un sólo iter criminis, complejo, conformado por maniobras diversas pero que no por ello dejan de ser, como expresé en fecha 7 de julio de 2010 y hoy ratifico con mayores elementos de juicio, una unidad que se encuentra en la persecución del grupo Graiver y en la apropiación de sus activos con mayor valor estratégico, esto es, Papel Prensa SA.”

Publicado por el diario Tiempo Argentino el 12 de diciembre de 2011

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La Justicia Federal convalidó la investigación de Tiempo Argentino sobre Papel Prensa


Opinó que el caso papel prensa debe tramitarse como delito de lesa humanidad, dentro del “circuito camps”

Rafecas calificó de “verosímil” la prueba contra Magnetto y Mitre

Publicado el 5 de Agosto de 2011

Por Cynthia Ottaviano y Juan Alonso

En un dictamen de 66 páginas, el juez declaró nuevamente “inescindible” el despojo a los Graiver en beneficio de Clarín y La Nación de las violaciones a los Derechos Humanos. Otra vez, cedió la competencia a la Justicia Federal de la Plata.
En una resolución de 66 páginas, el juez federal Daniel Rafecas calificó de “importante” y “verosímil” la prueba reunida contra los accionistas de Clarín y La Nación, en el marco de la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el despojo accionario de Papel Prensa, en sociedad con Videla y Martínez de Hoz. Al mismo tiempo, volvió a declarar “inescindible” la operatoria empresaria con aval de la dictadura de las violaciones a los Derechos Humanos que se investigan en el juzgado federal platense de Arnaldo Corazza, en el expediente conocido como “Circuito Camps”, a quien nuevamente le cedió la competencia.
Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre fueron imputados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por los delitos de lesa humanidad cometidos contra los integrantes de la familia Graiver, quienes bajo presión y torturas fueron despojados de las acciones de Papel Prensa en beneficio de los diarios Clarín, La Nación y La Prensa, por orden de Videla y Martínez de Hoz.
Tal como publicó Tiempo Argentino hace un año, en la página 38 de su dictamen el juez recordó que el interrogador de los Graiver designado por la dictadura, Oscar Bartolomé Gallino, se reunió con Mitre, Patricio Peralta Ramos y Magnetto. Escribió Rafecas: “Llamativamente Gallino habría recibido ‘a los directores y asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo Fundador de Papel Prensa  S.A.”
Gallino era un subordinado del comandante del 1º Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason. El objetivo: los bienes de los Graiver y su relación con los fondos de la guerrilla de extracción peronista Montoneros.
En este sentido, a Rafecas le llamó la atención que pese a ese objetivo, “la única reunión que habría mantenido Gallino con personas que no fueran funcionarios del Estado –nótese que todos ellos eran de la provincia de Buenos Aires– fue con los integrantes de los adquirentes de las acciones clase A de Papel Prensa SA, a través de Fapel SA, y con el motivo explícito de la adquisición de tales acciones”.
Y no sólo eso. Existe prueba documental publicada por este diario en septiembre de 2010, en la que Gallino dejó constancia de la primera reunión –el 7 de abril de 1977– con los directivos de los tres diarios, donde se prepararon los interrogatorios del 11 de abril, y precisamente ese mismo día se presentó ante Lidia Papaleo en el campo de tortura para preguntarle sobre Papel Prensa y el resto de las empresas de Graiver.
Gallino había sido preciso: “A las 8:40 concurren a producir sendos informes el señor secretario de Industria, doctor (Raymundo) Podestá, los presidentes de los directorios de los diarios La Nación, Clarín y La Razón (…) En la misma fecha, a las 20 horas se preparan los interrogatorios a tomar el 11 de abril.” La duda sobre quiénes eran los representantes de los diarios quedó despejada por una consulta al Boletín Oficial. Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Patricio Peralta Ramos tenían ese cargo. Los documentos secretos que Tiempo reveló después de décadas de ocultamiento lo aclaran: el represor quería interrogar a Lidia sobre los bienes que se habían declarado en la sucesión por la muerte de su marido, estaba obsesionado con el emporio económico Graiver, los encuentros que había mantenido la mujer desde su llegada a la Argentina, y a nombre de quiénes estaban las acciones de Papel Prensa.
Gallino era impiadoso. Interrogó a Lidia por dos días. La viuda de David había sido brutalmente torturada con picana eléctrica. Entre los diplomas del general de brigada se destacaban la cacería de militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que habían intentado copar el cuartel de arsenales Domingo Viejobueno, en Monte Chingolo; y su cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno, en la fábrica militar de Campo de Mayo.
Para colmo, los diarios Clarín, La Nación y La Razón reconocieron en una editorial que toda la operatoria se hizo por medio de la gestión de la Junta y que fue el propio Gallino el que señaló la forma de pago. Los abogados dirían “a confesión de parte relevo de prueba”.
El poder de facto logró cometer semejante barbarie con el argumento de que la empresa era estratégica para el Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz. Por eso debía quedar, según las palabras de los represores, en manos de empresarios “argentinos, no judíos”.
Para quebrar a los Graiver decidieron demoler el poder económico del grupo acosándolo con notas negativas publicadas en la tapa de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, antes de lograr el traspaso de acciones con un primer pago irrisorio de 7200 dólares en efectivo.
En la página 35 de su dictamen, Rafecas completa lo que podría entenderse como una traducción judicial de lo publicado por este diario desde junio de 2010. “La detención de Lidia Papaleo con posterioridad a la suscripción de los convenios de transmisión del paquete accionario de Papel Prensa SA en poder del Grupo Graiver, adquiere significados concordantes con la plataforma acusatoria si se advierte que la nombrada –afirma Rafecas– no sólo fue una de las firmantes de aquellos contratos, sino que también era la administradora judicial de la sucesión de David Graiver (…). Recordemos que a su vez, Lidia Papaleo había iniciado el proceso sucesorio con el patrocinio letrado del Jorge Rubinstein que, como vimos, habría sido la mano derecha de Graiver, y luego también fue secuestrado y habría fallecido durante su cautiverio a causa de las torturas que le fueron infringidas.”
En los fundamentos, Rafecas insistió con que la causa debe seguir  tramitándose en el Fuero Federal de La Plata, ya que allí operaba el represor Camps bajo las órdenes de Suárez Mason. Para el magistrado hubo “aspectos de simultaneidad y estrecha vinculación entre los acontecimientos, que han sido, como se vio, invocados por los acusadores y no han sido desvirtuados, hasta el momento, a lo largo de la instrucción”.
“Nótese que en fecha 9 de marzo de 1977, Lidia Papaleo de Graiver, solicitó al juez de la sucesión de David Graiver autorización de las ventas de acciones clase ‘C’ y ‘E’ efectuada el 2 de noviembre de 1976 ad referéndum de la aprobación judicial”, afirmó Rafecas y advirtió que “en esa ocasión,  la operación pudo realizarse porque el paquete de las acciones se vendió simultáneamente con un importante paquete de acciones Clase A (cinco votos) que hicieron los mismos compradores al señor Rafael Ianover y Galería Da Vinci SA. Esta venta total representaba para los compradores (Clarín, La Nación y La Razón) prácticamente el control de la Sociedad.”
“Apenas cinco días después, Lidia Papaleo fue detenida –remarcó  Rafecas– y trasladada a Puesto Vasco, sitio en el que recordemos fue interrogada sobre la operatoria del Grupo Graiver.”
Diez días después de su detención a manos de la patota de Miguel Etchecolatz, el 24 de marzo de 1977, el asesor de menores César Hernán Cozzi Gainza pidió “recabar mayores elementos de juicio que permitan apreciar la equidad de dicha operación”. El punto es que la hija de Lidia y Graiver, María Sol, era una beba de dos meses y la viuda estaba a cargo del trámite sucesorio y los bienes de su marido muerto misteriosamente en un accidente en México.
La dictadura y sus socios civiles no pararon de acosar a sus víctimas. Había mucho dinero y poder mediático en juego. “Mientras tanto –señaló Rafecas en la página 37– conforme surge de su declaración en fecha 3 de julio de 1986 ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en fecha 4 de abril de 1977, Lidia Papaleo fue trasladada desde Puesto Vasco al Pozo de Banfield donde fue interrogada por el general Gallino”.
Gallino fue el nexo uniformado de Magnetto y Mitre en el caso Papel Prensa.
El Ceo de Clarín ya no lo puede negar. No lo dicen los periodistas. Lo dice la justicia que investiga un delito cuya pena es la cárcel.

Publicado en el diario Tiempo Argentino el 6 de agosto de 2011

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Pidamos lo imposible


La figura de Kirchner, por Alejandro Caravario

Néstor Kirchner recuperó la política y el Estado para emprender transformaciones tan necesarias como impensadas por su audacia. Y desarrolló un profundo vínculo afectivo con la gente, palpable en la multitud que colmó las calles para despedirlo.

En su edición del jueves 28 de octubre, los columnistas del diario Clarín coincidieron sin fisuras, como un coro bien  entrenado, en describir a Néstor Kirchner como un adicto al dinero y el poder, más semejante a un advenedizo que a un estadista con duradero apoyo popular. En su pretensión de develar el perfil íntimo del ex presidente, cuyas exequias aún se tramitaban, las notas bordeaban la ofensa. Un extremo, por cierto, porque aún entre sus adversarios más enconados, predominó el decoro que impone la muerte. Aunque sí despuntó una “interpretación” del futuro político inmediato que muy probablemente se cristalice como el sonsonete opositor. Y que expresó con ejemplar contundencia Rosendo Fraga en La Nación. Tal mirada descubre un costado provechoso del cimbronazo, precisamente para la Presidenta. Según esta línea de razonamiento, Cristina Fernández, una vez repuesta del dolor abismal que la aqueja, debería encuadrar su gobierno en los límites institucionales que su marido solía vulnerar. Por caso, echar a Guillermo Moreno y tomar distancia de Hugo Moyano.

Es decir que, para algunos -que no son pocos ni débiles-, la muerte prematura de Néstor Kirchner es una oportunidad (o un “desafío”, según los más enfáticos) para que Cristina, ya libre de las taras antidemocráticas del marido, se avenga al tan meneado “consenso”. Noble sustantivo que, sin embargo, en la acepción de ciertos políticos y/o líderes corporativos no deja de sugerir la domesticación de un proyecto que, en aras de un país más igualitario, afectó intereses que siempre estuvieron a buen resguardo.

Nada nuevo lo de reducir la importancia histórica de Néstor

Kirchner a una serie de arrestos autoritarios. Sólo que, luego de la multitudinaria y espontánea expresión popular que colmó las calles para despedirlo, esta caracterización requiere una revisión que la acerque a la realidad. Sin dudas, en el Gobierno se moverán algunas fichas, habrá que reemplazar al principal hacedor de la trama política que apuntalaba la gestión de Cristina. Reponer –si se pudiera- su enorme influencia en un colectivo indócil como el PJ. Pero el aval de la sociedad –reflejado además por las encuestas– y el inédito cambio operado en la Argentina desde el 2003 a la fecha obligan a pensar en un modelo que, antes que provocar un daño institucional merecedor de rectificación inmediata, le dio un sentido esperanzador a la política.

 

LA UNICA VERDAD. No se trata de sucumbir a la tentación post mortem de pintar el retrato ecuestre como respuesta al vituperio y la chicana, sino de darle un justo precio al ejercicio de la memoria. Kirchner llegó a la presidencia tras la descomposición de la política. De la muletilla lapidaria que clamaba que se fueran todos. Lo hizo, además, como ahijado tardío, elegido en el descarte por el entonces poderoso Eduardo Duhalde, y con algo más del 20 por ciento de los votos. Desde ese páramo social y con ese poder enclenque resignificó la política. O, mejor dicho, la recuperó como herramienta para una transformación tan impostergable como impensada. Debía acumular, claro, sumar voluntades, equilibrar su débil irrupción nacional luego de gobernar durante 12 años la provincia de Santa Cruz.

En ese arduo itinerario, soslayó el deseo de la transversalidad para regresar a la casa materna del justicialismo. Doblez en su programa que puede verse -si se cree que la política es un club de almas puras- como una concesión grave. Ya saben: no hubo tantos doctores de centroizquierda a su mesa como “barones del conurbano”, oscura categoría a la que se atribuye el apriete y la transa como único credo. Sin embargo, las alianzas no perturbaron sus convicciones.

Kirchner, en contra de ciertas acusaciones frívolas, desbarató una Corte servil para integrar un equipo intachable. De probada excelencia técnica, independiente y con vocación progresista. ¿No implica esa decisión una garantía institucional muy superior a compartir tertulias con los líderes de la oposición? También rompió con el discurso del posibilismo en materia de derechos humanos y propició el juicio y castigo a los genocidas, reparación que parecía condenada, como otros elementales reclamos de justicia, al libro de las cuentas por siempre pendientes. Con idéntica audacia, se plantó ante los acreedores externos y puso en marcha la recuperación económica apostando a la producción, cuyo éxito es visible también en las consecuencias “molestas”: la creciente influencia de los trabajadores, actores centrales en la actual discusión por el reparto de la torta. Alpargatas y libros: potenció el presupuesto educativo, con especial atención a la investigación científica, a los agentes del valor agregado. Jamás reprimió la protesta. Y configuró nuevas relaciones internacionales hasta armar un frente de solidaridad permanente y recíproca con los vecinos de América del Sur.

Sí, le asignaba una gran importancia al dinero. Y lo juntó a montones como abogado en el sur. Acaso por eso mismo fue un celoso custodio de la recaudación y las reservas, que se elevaron hasta niveles históricos sin padecer drenajes sospechosos.

Obra contante y sonante que, por cierto, excede este repaso. Más difícil de asir, aunque tal vez más trascendente a la hora de entender el dolor popular y los testimonios de admiración que resonarán durante un largo tiempo, son los efectos inspiradores de Kirchner. Los alcances de ese carácter que convirtió las adhesiones en cariño y que mezclaba la muñeca para negociar entre tiburones (el político hecho y derecho, descarnado y pragmático) y ciertas ensoñaciones de militante, algunas de las cuales se convirtieron en milagrosas cosas concretas. Su voluntad de cambio no se evaporó, como de costumbre, en el magma de las promesas de campaña. Acaso no cumplía con los manuales del carisma (en tanto producción, simpatía adiestrada), ni su fraseo de dicción dificultosa sonaba deslumbrante. Pero el testeo cuerpo a cuerpo de la temperatura popular (la afición al pogo, del que se llevó alguna herida) contribuía categóricamente a redondear la imagen de un tipo auténtico. Cercano. Un tipo que se deja querer, que se arrima por necesidad, en busca de oxígeno. Un par, sólo que con “grandes responsabilidades”, como le gustaba definirse. Dicen que por él los jóvenes han vuelto a confiar en la política. Que, entre otros valores, ha legado un futuro.

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