La Justicia Federal convalidó la investigación de Tiempo Argentino sobre Papel Prensa


Opinó que el caso papel prensa debe tramitarse como delito de lesa humanidad, dentro del “circuito camps”

Rafecas calificó de “verosímil” la prueba contra Magnetto y Mitre

Publicado el 5 de Agosto de 2011

Por Cynthia Ottaviano y Juan Alonso

En un dictamen de 66 páginas, el juez declaró nuevamente “inescindible” el despojo a los Graiver en beneficio de Clarín y La Nación de las violaciones a los Derechos Humanos. Otra vez, cedió la competencia a la Justicia Federal de la Plata.
En una resolución de 66 páginas, el juez federal Daniel Rafecas calificó de “importante” y “verosímil” la prueba reunida contra los accionistas de Clarín y La Nación, en el marco de la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el despojo accionario de Papel Prensa, en sociedad con Videla y Martínez de Hoz. Al mismo tiempo, volvió a declarar “inescindible” la operatoria empresaria con aval de la dictadura de las violaciones a los Derechos Humanos que se investigan en el juzgado federal platense de Arnaldo Corazza, en el expediente conocido como “Circuito Camps”, a quien nuevamente le cedió la competencia.
Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre fueron imputados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por los delitos de lesa humanidad cometidos contra los integrantes de la familia Graiver, quienes bajo presión y torturas fueron despojados de las acciones de Papel Prensa en beneficio de los diarios Clarín, La Nación y La Prensa, por orden de Videla y Martínez de Hoz.
Tal como publicó Tiempo Argentino hace un año, en la página 38 de su dictamen el juez recordó que el interrogador de los Graiver designado por la dictadura, Oscar Bartolomé Gallino, se reunió con Mitre, Patricio Peralta Ramos y Magnetto. Escribió Rafecas: “Llamativamente Gallino habría recibido ‘a los directores y asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo Fundador de Papel Prensa  S.A.”
Gallino era un subordinado del comandante del 1º Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason. El objetivo: los bienes de los Graiver y su relación con los fondos de la guerrilla de extracción peronista Montoneros.
En este sentido, a Rafecas le llamó la atención que pese a ese objetivo, “la única reunión que habría mantenido Gallino con personas que no fueran funcionarios del Estado –nótese que todos ellos eran de la provincia de Buenos Aires– fue con los integrantes de los adquirentes de las acciones clase A de Papel Prensa SA, a través de Fapel SA, y con el motivo explícito de la adquisición de tales acciones”.
Y no sólo eso. Existe prueba documental publicada por este diario en septiembre de 2010, en la que Gallino dejó constancia de la primera reunión –el 7 de abril de 1977– con los directivos de los tres diarios, donde se prepararon los interrogatorios del 11 de abril, y precisamente ese mismo día se presentó ante Lidia Papaleo en el campo de tortura para preguntarle sobre Papel Prensa y el resto de las empresas de Graiver.
Gallino había sido preciso: “A las 8:40 concurren a producir sendos informes el señor secretario de Industria, doctor (Raymundo) Podestá, los presidentes de los directorios de los diarios La Nación, Clarín y La Razón (…) En la misma fecha, a las 20 horas se preparan los interrogatorios a tomar el 11 de abril.” La duda sobre quiénes eran los representantes de los diarios quedó despejada por una consulta al Boletín Oficial. Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Patricio Peralta Ramos tenían ese cargo. Los documentos secretos que Tiempo reveló después de décadas de ocultamiento lo aclaran: el represor quería interrogar a Lidia sobre los bienes que se habían declarado en la sucesión por la muerte de su marido, estaba obsesionado con el emporio económico Graiver, los encuentros que había mantenido la mujer desde su llegada a la Argentina, y a nombre de quiénes estaban las acciones de Papel Prensa.
Gallino era impiadoso. Interrogó a Lidia por dos días. La viuda de David había sido brutalmente torturada con picana eléctrica. Entre los diplomas del general de brigada se destacaban la cacería de militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que habían intentado copar el cuartel de arsenales Domingo Viejobueno, en Monte Chingolo; y su cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno, en la fábrica militar de Campo de Mayo.
Para colmo, los diarios Clarín, La Nación y La Razón reconocieron en una editorial que toda la operatoria se hizo por medio de la gestión de la Junta y que fue el propio Gallino el que señaló la forma de pago. Los abogados dirían “a confesión de parte relevo de prueba”.
El poder de facto logró cometer semejante barbarie con el argumento de que la empresa era estratégica para el Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz. Por eso debía quedar, según las palabras de los represores, en manos de empresarios “argentinos, no judíos”.
Para quebrar a los Graiver decidieron demoler el poder económico del grupo acosándolo con notas negativas publicadas en la tapa de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, antes de lograr el traspaso de acciones con un primer pago irrisorio de 7200 dólares en efectivo.
En la página 35 de su dictamen, Rafecas completa lo que podría entenderse como una traducción judicial de lo publicado por este diario desde junio de 2010. “La detención de Lidia Papaleo con posterioridad a la suscripción de los convenios de transmisión del paquete accionario de Papel Prensa SA en poder del Grupo Graiver, adquiere significados concordantes con la plataforma acusatoria si se advierte que la nombrada –afirma Rafecas– no sólo fue una de las firmantes de aquellos contratos, sino que también era la administradora judicial de la sucesión de David Graiver (…). Recordemos que a su vez, Lidia Papaleo había iniciado el proceso sucesorio con el patrocinio letrado del Jorge Rubinstein que, como vimos, habría sido la mano derecha de Graiver, y luego también fue secuestrado y habría fallecido durante su cautiverio a causa de las torturas que le fueron infringidas.”
En los fundamentos, Rafecas insistió con que la causa debe seguir  tramitándose en el Fuero Federal de La Plata, ya que allí operaba el represor Camps bajo las órdenes de Suárez Mason. Para el magistrado hubo “aspectos de simultaneidad y estrecha vinculación entre los acontecimientos, que han sido, como se vio, invocados por los acusadores y no han sido desvirtuados, hasta el momento, a lo largo de la instrucción”.
“Nótese que en fecha 9 de marzo de 1977, Lidia Papaleo de Graiver, solicitó al juez de la sucesión de David Graiver autorización de las ventas de acciones clase ‘C’ y ‘E’ efectuada el 2 de noviembre de 1976 ad referéndum de la aprobación judicial”, afirmó Rafecas y advirtió que “en esa ocasión,  la operación pudo realizarse porque el paquete de las acciones se vendió simultáneamente con un importante paquete de acciones Clase A (cinco votos) que hicieron los mismos compradores al señor Rafael Ianover y Galería Da Vinci SA. Esta venta total representaba para los compradores (Clarín, La Nación y La Razón) prácticamente el control de la Sociedad.”
“Apenas cinco días después, Lidia Papaleo fue detenida –remarcó  Rafecas– y trasladada a Puesto Vasco, sitio en el que recordemos fue interrogada sobre la operatoria del Grupo Graiver.”
Diez días después de su detención a manos de la patota de Miguel Etchecolatz, el 24 de marzo de 1977, el asesor de menores César Hernán Cozzi Gainza pidió “recabar mayores elementos de juicio que permitan apreciar la equidad de dicha operación”. El punto es que la hija de Lidia y Graiver, María Sol, era una beba de dos meses y la viuda estaba a cargo del trámite sucesorio y los bienes de su marido muerto misteriosamente en un accidente en México.
La dictadura y sus socios civiles no pararon de acosar a sus víctimas. Había mucho dinero y poder mediático en juego. “Mientras tanto –señaló Rafecas en la página 37– conforme surge de su declaración en fecha 3 de julio de 1986 ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en fecha 4 de abril de 1977, Lidia Papaleo fue trasladada desde Puesto Vasco al Pozo de Banfield donde fue interrogada por el general Gallino”.
Gallino fue el nexo uniformado de Magnetto y Mitre en el caso Papel Prensa.
El Ceo de Clarín ya no lo puede negar. No lo dicen los periodistas. Lo dice la justicia que investiga un delito cuya pena es la cárcel.

Publicado en el diario Tiempo Argentino el 6 de agosto de 2011

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El documento definitivo que demuestra que Magnetto y Mitre se reunían con los represores para colaborar en los interrogatorios por Papel Prensa


Papel Prensa: la alianza entre los tres diarios y las tres armas

Después de reunirse con Magnetto y Mitre, Gallino interrogó a Lidia Papaleo

Publicado el 26 de Septiembre de 2010

Por Juan Alonso y Cynthia Ottaviano
La viuda de David Graiver fue secuestrada el 14 de marzo de 1977. La torturaron para sentarla frente a su interrogador el 11 de abril de 1977, en el Pozo de Banfield. Dos días antes, los directivos de los diarios habían hecho “sendos informes”.

No le dijeron nada. Sólo que se vistiera. Rápido. Con la ropa que le dieron. Era el 11 de abril de 1977. Lidia Papaleo de Graiver, de 33 años, estaba desnuda, hambrienta y dolorida por los golpes y torturas que había recibido. Debía cambiarse a las apuradas, como podía, con el dolor que la carcomía, por tener cada miembro dislocado cuatro veces; y los pechos, el abdomen y los genitales quemados. Al general de brigada Oscar Bartolomé Gallino no le importaba nada de eso. Por el contrario. Tenía que cumplir con su plan macabro. Había dado la orden para que la sacaran del calabozo y la sentaran frente a él. Iba a interrogarla.
El hombre que ostentaba el poder de mando en los centros clandestinos de detención había planificado ese interrogatorio desde por lo menos dos días atrás. Así lo detallan los documentos secretos que Tiempo Argentino reveló, en los que el represor dejó asentada la reunión con los directivos de Clarín, La Nación y La Razón, y la confección de los interrogatorios para ser efectuados el 11 de abril. Precisamente ese día en que Lidia tenía frío cuando la sacaron de su calabozo.
Gallino había sido preciso: “A las 8 horas y cuarenta minutos concurren a producir sendos informes el señor secretario de Industria, doctor (Raymundo) Podestá, los presidentes de los directorios de los diarios La Nación, Clarín y La Razón (…) En la misma fecha, a las veinte horas se preparan los interrogatorios a tomar el once de abril.” La duda sobre quiénes eran los representantes de los diarios quedó despejada por una consulta al Boletín Oficial. Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Patricio Peralta Ramos tenían ese cargo. Pero hasta hoy no se sabía a quién iba a interrogar Gallino el 11 de abril, ni sobre qué tema. Los documentos secretos que este diario da a conocer después de 33 años de ocultamiento lo aclaran: el represor quería interrogar a Lidia Papaleo sobre los bienes que se habían declarado en la sucesión por la muerte de su marido, quería tener la radiografía del emporio económico, los encuentros que había mantenido la mujer desde su llegada a la Argentina, y a nombre de quiénes estaban las acciones de Papel Prensa.
Las preguntas se sucedieron a lo largo de dos días. Gallino era impiadoso. Lo habían elegido Jorge Rafael Videla, Carlos Guillermo Suárez Mason y Ramón Camps, el temido jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, para que “investigara” a los Graiver. Entre los diplomas del general de brigada se destacaban la cacería de militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que habían intentado copar el cuartel de arsenales Domingo Viejobueno, en Monte Chingolo; y su cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno, en la fábrica militar de Campo de Mayo.
La saga de documentos que registró la burocracia criminal empezó el 6 de abril de 1977, cuando el inquisidor dejó asentado el inicio de “su trabajo”: “Siendo las ocho horas, y de acuerdo con la orden del Jefe del Estado Mayor General del Ejército (Videla), efectúo mi presentación ante el señor Comandante del I Cuerpo de Ejército, General de División Carlos Guillermo Suárez Mason, a quien quedo subordinado ‘en comisión’, el que me imparte la orden verbal de instruir la prevención que determina el artículo 1° de la ley 21.460, a fin de investigar las vinculaciones que con la Organización Político Militar Montoneros pueda tener el llamado ‘Grupo Graiver’, orden que será ratificada por escrito. En consecuencia, y en este acto, inicio la sustanciación de la prevención.”
Antes de estampar su firma, presente en una veintena de fojas en varias causas archivadas por los distintos poderes del Estado, Gallino dejó constancia de las diferentes reuniones que mantuvo, a qué hora y con qué motivos. Ese mismo día 6 de abril de 1977, a las 15 horas, inició la secuencia. Recibió en su despacho “al señor ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, al señor Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires; al señor presidente del Banco Provincia, quienes aportan contribuciones al tema de investigación.”
A las 18:30, recibió al torturador de Lidia Papaleo, Ramón Camps. Y según se remarca en un documento que lleva el sello de “secreto” impuesto por el “Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas”, Suárez Mason lo visitó “a fin de interiorizarse de la situación”. La “situación” eran los Graiver, Lidia Papaleo y los empleados y amigos del grupo, humillados y torturados.
Gallino sentó uno a uno a los victimarios del grupo económico, a los militares y civiles asociados en el despojo de Papel Prensa.
El 7 de abril de 1977, a las 8 de la mañana “el oficial preventor” se presentó en “la Dirección de Seguridad de la Zona Metropolitana” para que las víctimas ratificaran, “ante mi presencia, sus declaraciones policiales”.
Vale aclarar que todos esos dichos fueron arrancados por Camps picana en mano. La maquinaria de la muerte y el saqueo estaban en marcha. Los Graiver serían despojados de sus derechos ciudadanos y económicos. ¿Cómo se lograría? Suárez Mason lo responde por escrito: Gallino debía instruir “la prevención sumarial en averiguación de las vinculaciones que con Montoneros puede mantener el denominado Grupo Graiver.”
Después de leer la ratificación por escrito de la orden de Suárez Mason, a las 16:30, y con las confirmaciones de los interrogatorios dadas por Lidia Papaleo, Juan e Isidoro Graiver, Silvia Fanjul y Lidia Gesualdi en la mano, Gallino se reunió con Magnetto, Mitre y Peralta Ramos. ¿El motivo? “La adquisición del paquete accionario del Grupo Fundador de Papel Prensa”.
Al día siguiente, el 8 de abril, Gallino vuelve a reunirse con Suárez Mason para recibir “las actuaciones que instruyó la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Camps) en averiguación de las actividades cumplidas por el Grupo Graiver en relación con Montoneros, que consta de 97 fojas útiles.”
Antes de firmar, Gallino deja constancia de que “me invoco al estudio de dichas actuaciones”.
El 9 de abril, a las 8:40 horas, se reúne nuevamente con la pata civil del plan. “Concurren a producir sendos informes, el secretario de Industria (Raymundo) Podestá, los presidentes de los directorios de los diarios La Nación, Clarín y La Razón, acompañados de sus letrados, que son adquirentes del paquete accionario del ‘Grupo Fundador’ de Papel Prensa, que representa el 26 por ciento del paquete accionario.”
En el memorando, agrega que “a las quince horas concurren el presidente y vicepresidente del Banco Central, y presidente del Banco de la Nación Argentina, para considerar la situación del Banco Comercial de La Plata y Banco Hurlingham (creados por David Graiver)”.
Es entonces cuando se detalla la prevención final: “se preparan los interrogatorios a tomar el once de abril”. En ese interrogatorio determinado con días de anticipación, la viuda es obligada a contar cómo había conocido a su esposo y pormenores del matrimonio que ambos contrajeron en los Estados Unidos el 18 de diciembre de 1975. El acta de Gallino refleja sólo lo que previamente los torturadores le habían arrancado con la picana a Lidia Papaleo: los múltiples llamados anónimos que recibió en Acapulco para que se desprendiese de todos sus bienes y la conexión financiera entre David y los 17 millones de dólares de los Montoneros.
Gallino quería conocer la historia con precisión. Lidia le explicó que había vuelto al país, desde México, el 16 de septiembre de 1976. Que su marido había muerto al desplomarse un avión el 7 de agosto de 1976, en vuelo desde Nueva York hacia Acapulco. Que la familia Graiver decidió volver a Buenos Aires. Que apenas puso pie en la Argentina intentó en vano refugiarse en el departamento de su madre sobre la Avenida Alvear, en Recoleta, y que se había entrevistado con Alejandro Agustín Lanusse.
Lo que no quedó registrado durante el interrogatorio es que el 22 de septiembre, es decir apenas seis días después de llegar, Lidia le escribió una carta a Jorge Rafael Videla pidiéndole una audiencia para solucionar sus problemas: “Con el propósito de expresar la grave preocupación que invade mi ánimo, ante la campaña de infundios originados en fuentes extranjeras (…) con los cuales se intenta mezclar el nombre de mi recientemente fallecido esposo, David Graiver”.
Gallino pudo leer la carta tiempo después, ya que fue incorporada al expediente el 24 de octubre de 1977, es decir, casi un año más tarde de que Lidia la escribiera. “Siento como mi deber asumir la tarea de mantener limpia la memoria de mi esposo, así como también defender mi propia personalidad moral y la de nuestra pequeña hija. Solicito por medio de la presente audiencia, a fin de exponer en forma personal y para darle una apreciación real en que nos hallamos”, consigna el documento.
Videla nunca la atendió. La estrategia del dictador era otra. Poco después quedó en evidencia, cuando el 8 de marzo se puso en marcha el “Operativo Amigo”, con el secuestro de Juan Graiver, el padre de David, a quien consideraron “cabecilla”. Siguieron con Lidia Papaleo, Lidia Gesualdi y Silvia Fanjul el 14 de marzo; Eva Gitnacht de Graiver (la madre), Isidoro (el hermano), tres días después, y Jorge Rubinstein, el apoderado general de la familia. Finalmente, el 12 de abril también fue arrastrado por un grupo de tareas Rafael Ianover, vicepresidente de Papel Prensa.
Ese era el marco de terror del que fueron partícipes los tres diarios, Clarín, La Nación y La Razón. Esa es la “seguridad jurídica” que reinaba. El plan sistemático de apropiación de Papel Prensa había comenzado, en rigor de verdad, antes del golpe del 24 de marzo de 1976, tal como explicó Isidoro Graiver en la entrevista realizada el 11 de junio pasado con este diario. El origen del despojo es lo que ideó Martínez de Hoz, intelectual del golpe y enemigo declarado de los Graiver, quienes eran uno de los principales resortes de la Confederación General Económica (CGE), cuya creación había impulsado José Ber Gelbard, ex ministro de Juan Domingo Perón.
Gallino no quería escuchar nada de esto. Quería profundizar sobre el supuesto vínculo con Montoneros. Lidia, dolorida por la tortura, dio todos los detalles que pudo: “A fines de octubre o principios de noviembre de 1976, se apersonó a la deponente en sus oficinas de la calle Suipacha una persona que se identificó como el doctor Paz y cuya descripción la dicente ya ha realizado en sus declaraciones policiales y las que se ratifica y a las que se remite.” Las mismas que Camps y Etchecolatz le habían arrancado mediante tortura.
Recién a las 21:47 Gallino dijo basta. “El Señor Oficial Superior dispuso suspender este acto para continuarlo en la oportunidad que lo determine.” Ordenó que la volvieran a llevar a su celda. Lidia lo recuerda: “Hacía mucho frío. En la celda no se podía estar parada, porque el techo era bajo”. Estaba destrozada, aseguró en diálogo con este diario.
Cuando creyó que por ese día todo había terminado, oyó que la puerta de metal se abría. “De pronto me vienen a buscar –explica Lidia–, me abren la puerta. Una mujer estaba pariendo en el pasillo. Querían que fuera a ayudar. Pero no podía del dolor. Tenía los pechos, el abdomen y los genitales quemados. Escuché que la madre gritó el nombre y el apellido de la beba, creo que era Victoria, pero no me acuerdo bien.”
Después, Lidia oyó que seguía el protocolo de la apropiación: “Le dijeron a la madre que iban a lavar a la beba, que ya la traían, pero no la vimos nunca más. Ya en democracia, me llamó la hermana de la mujer que dio a luz y dije todo lo que recordaba. Esa mamá está desaparecida” (ver recuadro).
Como es de esperar, el interrogatorio de Gallino nada dice al respecto. Sólo da cuenta de que “en la ciudad de Banfield (es decir el Pozo de Banfield), a los doce días del mes de abril, siendo las 16:30 se reabre el acto con Lidia Elba Papaleo.” Para ser claros, el apriete.
Para Gallino la preocupación de la jornada era el expediente sucesorio y los bienes declarados en esa causa. Le preguntó a Lidia. El primer bien que mencionó como declarado la viuda fue Papel Prensa, después siguió con el Banco Comercial de La Plata, el Banco de Hurlingham y un departamento en la calle Darragueyra, de Capital Federal. Uno a uno, Gallino le pidió que desglosara nombres de empresas y personas, accionistas y empleados. Encuentros y acuerdos. Lidia contó que se había encontrado con Lanusse, Bernardo Neustadt, y Jacobo Timerman, por Papel Prensa y las acciones del diario La Opinión.
Cuando ya había pasado más de una hora de interrogatorio, Gallino disparó una pregunta amplia para que Lidia completara “la nómina de las personas que visitó a su regreso a la Argentina”. La mujer aprovechó para aclarar que había mantenido “frecuentes entrevistas” con Francisco Manrique, funcionario de Agustín Lanusse y mano derecha de Pedro Eugenio Aramburu en la llamada Revolución Libertadora de 1955. “Solía aconsejarla que tuviera cuidado, porque podría ser víctima de una extorsión por un millón de dólares; esto se lo dijo en los últimos meses y la deponente supone que estaba referido a Papel Prensa, con motivo de su venta.”
Gallino la escuchó. Siguió preguntando. Quería precisiones. “Qué empresas integran EGASA, contestó: Banco Comercial de La Plata, Papel Prensa SA, Electroerosión, Metropol, Vechea, cincuenta por ciento de las acciones del diario La Opinión, cuarenta por ciento de las acciones de Canal 2-La Plata, cincuenta por ciento del diario Última Hora, Fundar, Construir, distintos campos cuyos nombres desconoce”, continuó Lidia.
Estuvo horas completando la nómina. Gallino insistió sobre Papel Prensa: “preguntada quién forma parte de la sociedad de Papel Prensa, dijo: que hay acciones a nombre de David Graiver, Galería Da Vinci y el señor Ianover”.
Suficiente para Gallino: “en este estado, siendo las 18, el oficial superior, dispone dar por finalizado el acto, no teniendo la declarante nada más que agregar, quitar o enmendar, firma de conformidad la compareciente con el señor oficial superior Preventor”.
Ahora se sabe. Los interrogatorios que se prepararon para ser tomados el día 11 de abril, después de que Gallino se reuniera con Mitre, Magnetto y Peralta Ramos, eran para Lidia Papaleo, en el Pozo de Banfield, sobre el emporio económico del Grupo Graiver y Papel Prensa.
Quedó todo documentado.
Sólo resta que la justicia de la democracia se expida sobre este caso, que aún hoy surca la historia de los argentinos, como una  sombra de sangre.

Las reuniones de Gallino

El 6 de abril de 1977, el general de brigada se presentó ante Suárez Mason, quien le encargó investigar los vínculos de los Graiver con Montoneros.  Después, se reunió con Ramón Camps.

El 7 de abril, con las ratificaciones de las declaraciones hechas por todos los detenidos, se sentó con Héctor Magnetto (Clarín), Bartolomé Mitre (La Nación) y Patricio Peralta Ramos (La Razón).

El 8 de abril, volvió a reunirse con Suárez Mason para recibir las actuaciones hechas por
Camps.
El 9 de abril concretó una nueva reunión con Magnetto, Mitre y Peralta Ramos. Produjeron “sendos informes”. Armó los interrogatorios  “para el 11 de abril”.

El 11 de abril interrogó a Lidia Papaleo sobre el emporio económico Graiver y Papel Prensa.

Victoria, la hija de María Castellini, nacida en medio de los interrogatorios

Publicado el 26 de Septiembre de 2010

La hermana mayor de Victoria Petrakos, Clara, suele recordar que se crió con su abuelo y su tía en la zona de Merlo, en el Gran Buenos Aires. A los 18 años comenzó a preguntar qué le había sucedido a sus padres María Eloísa Castellini y Constantino Petrakos. Ambos militaban en el ERP, cuando el 11 de noviembre de 1976, siendo ella una beba, una patota llegó al jardín de infantes El Palomo, donde trabajaba María Eloísa, para llevarla secuestrada. Desde entonces está desaparecida, al igual que su Victoria, que nació en el Pozo de Banfield durante abril de 1977.
En una entrevista con Tiempo Argentino, Lidia Papaleo recordó que luego del primer interrogatorio a que la sometió Oscar Gallino –el 11 de abril de 1977– una mujer dio a luz una beba. “Tenía mucho coraje y gritaba su nombre”, recordó. Esa mujer era María Eloísa, y los represores querían que Lidia los ayudara en el parto, algo que no consiguió hacer: a causa de las fortísimas torturas, le era imposible moverse.
El 10 de abril cayó Domingo de Pascua y los torturadores no encontraban médico.
En el parto anterior, el 2 de abril, Isabela Valencia fue llevada personalmente por el médico Jorge Bergés para que la joven tuviese a su bebé. En ese caso, el calvario de Isabela comenzó en Quilmes y siguió más tarde en Banfield. La partera y la médica que le avisaron del parto a la familia de la víctima fueron secuestradas por la dictadura.
Por su parte, el mismo día en que se llevaron a María Eloísa, los Petrakos volvieron a ver el rostro de los represores. Querían detener al papá de Clara, Constantino, y para eso se quedaron toda la noche en la casita de Merlo, saqueándola, en presencia de la tía y el abuelo de Clara, que no pudieron hacer nada para liberar a María Eloísa –a quien vieron mal de salud y torturada–.
Hoy, Clara Petrakos busca datos para saber dónde y con quién está Victoria.
No pierde la esperanza de que al hacer circular su propia foto y la de sus padres, Victoria pueda reconocer el parecido y animarse a resolver su pasado para así reencontrarse con ella, después de tantos años de sufrimiento y memoria.

La “discrepancia” del ex fiscal Strassera

Publicado el 26 de Septiembre de 2010

El 6 de febrero de 1986, el juez federal Miguel Guillermo Pons “absolvió libremente a Lidia Elba Papaleo e Isidoro Graiver, del delito de asistencia económica de actividades subversivas, por el que fueron acusados”.
En ese acto, Pons ponía negro sobre blanco y reparaba la injusticia que había cometido la dictadura con los Graiver y Papaleo.
El 17 de abril de 1986,  el entonces fiscal de Cámara Julio César Strassera presentó un escrito de una carilla y media en que reflejaba su oposición a que Lidia e Isidoro recuperasen la libertad después de haber sido despojados, vejados y torturados por los genocidas y sus tribunales militares.
Strassera comenzó fundamentando su posición: “La sentencia absuelve libremente a Lidia Elba Papaleo e Isidoro Miguel Graiver por entender el señor juez que el hecho descripto en la acusación ha sido desincriminado por la ley 23.077 que derogó el artículo 225 del Código Penal. Al respecto debo decir –escribió Strassera– que discrepo con esa decisión judicial. En efecto en el escrito de acusación sostuve que ambos procesados, por las razones de hecho allí expuestas, habían puesto a disposición de la organización subversiva Montoneros aproximadamente la suma de 17 millones de dólares.”
En el párrafo final, tras sopesar los cambios de la ley penal en relación a la etapa dictatorial, Strassera dijo: “Propongo la revocación de la sentencia apelada y que se condene a Lidia Papaleo y a Isidro Graiver como autores del delito previsto y reprimido en el ar-
tículo 225 a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas.”
El 12 de septiembre de 1986, los camaristas Ricardo Gil Lavedra y León Arslanian resolvieron confirmar el fallo apelado por Strassera y dispusieron la absolución de Lidia Papaleo e Isidoro Graiver del delito de asistencia económica de actividades subversivas por el que fueron acusados.
De esa forma, se desmoronaba de a poco la complicidad del poder económico con los socios civiles de la dictadura, que desde los diarios hegemónicos edificaron la propaganda de la dictadura con la anuencia judicial.

PUBLICADO POR EL DIARIO TIEMPO ARGENTINO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2010

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El legajo secreto del inquisidor de la dictadura


La historia del interrogador de los Graiver que se reunía con Magnetto

Publicado el 11 de Septiembre de 2010

Por Franco Mizrahi

Oscar Gallino murió en 2007. En 1977, Videla lo designó “preventor” del Consejo de Guerra contra Lidia Papaleo. El 7 y 9 de abril de ese año recibió a los directores de los diarios. Para la justicia, ostentaba el poder de mando sobre los represores.
Fue uno de los jerarcas militares que ideó la estructura criminal que se instaló en la Argentina entre 1976 y 1983: “elaboró la Doctrina de Guerra a emplear”, aseguró la justicia. Ostentaba el poder de mando sobre los represores de los centros clandestinos de detención. Sus interrogatorios eran al fuego de la tortura y los vejámenes. Cuando Jorge Rafael Videla se lo pidió, aceptó el cargo de “preventor” en el caso Graiver. Con esas medallas, Oscar Bartolomé Gallino se puso al frente de los martirios y persecuciones que sufrieron los familiares y empleados del banquero David Graiver cuando fueron despojados de Papel Prensa, a manos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Un general cuya historia comenzó a develar Tiempo Argentino el 5 de septiembre pasado y hoy se completa con la publicación de su legajo y su accionar.
El primer pedido de detención de Gallino, durante el primer semestre de 2008 (cuando ya estaba muerto), lo realizó la Unidad Fiscal Federal de La Plata, en el marco de la causa “Circuito Camps”. Requerimiento que reiteró el 7 de septiembre pasado. “No sólo tenía conocimiento de la existencia de los centros clandestinos de detención –aseguró el fiscal federal Sergio Franco sobre Gallino, hace dos años–, sino que concurría a ellos, ostentaba poder de mando sobre los represores de cada uno de esos lugares y procedía a interrogar a personas que habían sido vejadas y torturadas previamente. Por ello, en virtud del alto cargo jerárquico que ostentaba en el Ejército y el poder de hecho que realmente tenía, más la libertad con que desplegaba su accionar sobre personas secuestradas y torturadas, el imputado Gallino debe responder por las privaciones ilegales de la libertad, las torturas y las tentativas de homicidio” de 69 personas.
Con este hombre se reunieron los directores de los diarios Clarín, La Nación y La Razón el 7 y 9 de abril de 1977, para informarlo sobre el traspaso accionario de Papel Prensa y los vínculos económicos de la familia Graiver. Para elaborar “sendos informes” y, más tarde, “preparar los interrogatorios”.
Pero Gallino no podrá responder las preguntas de los fiscales ni los magistrados. El general de brigada murió el 14 de noviembre de 2007, meses antes de ser requerido por la justicia.
No obstante, a partir de los documentos que sobrevivieron a la dictadura, producto de la burocracia homicida, Tiempo reconstruyó la historia de torturas y negocios siniestros. Una historia que revela en su real magnitud la relación de los genocidas con los tres diarios.
Oscar Bartolomé Gallino se hizo cargo de la “investigación” sobre Papel Prensa el 6 de abril de 1977, cuando asumió como “preventor militar”, nombrado por el presidente de facto, Jorge Rafael Videla.
La Junta había decidido en la Casa Rosada que él era el elegido para continuar la tarea a base de picana y vejaciones que había comenzado el jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, Ramón Camps. Su tarea era recopilar la documentación probatoria que sirviera de estructura para condenar a los Graiver en el Consejo de Guerra Especial Estable Número 2, paso previo para que los imputados fueran procesados en la justicia penal y civil, para terminar de despojarlos de sus bienes sin obstáculos.
En ese marco, un día después de su asunción, el flamante  “preventor” recibió “a los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo ‘Fundador’ de Papel Prensa”.  El encuentro se repitió el 9 de abril del mismo año. Ese día, a las 20 horas, Gallino ordenó “interrogatorios” para el día 11. Los imputados estaban desaparecidos en los centros de tortura en manos de la patota de Ramón Camps.
Para entonces, Gallino contaba con un legajo abultado y era un militar reconocido por sus pares.
Egresado del colegio militar en 1946, ingresó al Ejército como subteniente de artillería. Desde entonces, su ascenso hasta los olimpos de los genocidas fue fulminante.
Alumno sobresaliente y aplicado, en el ’69 se convirtió en coronel. Desde entonces, se cruzó con diferentes superiores que marcarían a fuego su trayectoria y la de los años venideros en el país. Entre los años ’72 y ’73 lo calificaron con las mejores notas Santiago Omar Riveros y Leopoldo Fortunato Galtieri, dos de sus superiores directos. A finales del ’74, otro militar que sellaría los trágicos destinos de la Argentina le dio el visto bueno para avanzar un escalafón más en su carrera: “Se encuentra en condiciones para ascenso”, firmó el entonces general de brigada Jorge Rafael Videla. Al año siguiente ascendió a general de brigada con el padrinazgo de Roberto Eduardo Viola.
Ese año fue crucial para su futuro. Pero fundamentalmente para la suerte de miles de argentinos. Por entonces, Gallino viajó a España –según consta en su legajo– con motivo de la “comisión por las exequias del Gral. (Francisco) Franco”. Sin embargo, su ficha personal nada mencionó sobre su rol como ideólogo de “La Doctrina de Guerra”, que se ejecutó desde fines de 1975 hasta 1983 y dejó como saldo 30 mil argentinos desaparecidos.
Según se desprende a fojas 2525 de la causa 1/SE, el entonces inspector de la Policía Federal Argentina, Rodolfo Peregrino Fernández declaró ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos “sobre la estructura de la represión ilegítima en la Argentina.” En su testimonio sostuvo que Gallino fue uno de los generales que elaboró “la Guerra a emplear contra la subversión”.
Así lo detalló en su libro Autocrítica Policial Fernández: “En las fechas anteriores al golpe militar, el alto mando del Ejército – es decir, los generales de división y aquellos generales que ocupaban cargos correspondientes a esa jerarquía, tal como el teniente general Jorge Rafael Videla, Comandante en jefe del Arma; general Roberto E. Viola, Jefe de Estado Mayor; los Comandantes del I Cuerpo, general Carlos G. Suárez Mason; del II Cuerpo, general Luciano Jáuregui; del II Cuerpo, General Luciano B. Menéndez; el del V Cuerpo, cuyo nombre no recuerda, el general Diego Urricarriet y el General Bartolomé Gallino, director y subdirector, respectivamente, de Fabricaciones Militares, y el director de Institutos Militares, general Santiago Omar Riveros, elaboran la Doctrina de Guerra a emplear, proceso que se realiza en los últimos meses del año 1975.”
Eran pares y viejos conocidos. La mayor parte de los ideólogos del plan criminal conocía a Gallino desde finales de la década de 1960. Entre febrero y abril del ’76 lo premiaron con el cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno (en la fábrica militar de tolueno sintético), en la zona de Campo de Mayo. Un año más tarde, tomó la posta de Camps en el caso Graiver y cambió de centrro clandestino de exterminio. Desde entonces pasó la mayor parte de sus días en los campos de exterminio Puesto Vasco, en Quilmes, y el Pozo de Banfield.
Las diferentes víctimas del caso lo señalaron como el “preventor militar” que los interrogó en cautiverio. Silvia Fanjul, empleada del Grupo Graiver, secuestrada el 14 de marzo de 1977, dijo que la “chuparon” porque estaban buscando a Lidia e Isidoro Graiver: “El 5 de abril nos trasladaron vendados en el piso de una camioneta al Área Metropolitana de Banfield –relató Fanjul ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el 14 de agosto de 1984–. A los días nos notificaron que pasábamos a depender del Preventor Militar, Coronel Gallino.”
En términos similares se expresaron Isidoro  y Juan Graiver, entre otros testigos.
El comisario Ricardo David Ressia, ex titular de la seccional segunda de Banfield, afirmó que Gallino “concurría a aquella dependencia a diario a labrar actuaciones acompañado de personal militar”.  Y el sobreviviente Omar Amílcar Espósito lo recordó así: “Me consta por dichos de otros detenidos que en el mismo caso que los generales Camps y Gallino concurrían a esta ‘cueva’ hoy conocida como Puesto Vasco para realizar interrogatorios.”
Ante estas circunstancias, el fiscal del caso sostuvo que en su carácter de preventor, Gallino no cumplió con ninguna de las obligaciones legales que le correspondían.
Con ese hombre se reunían  Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta Ramos. Pero nada de esto quedó registrado en la prosa burocrática de su legajo. El interrogador de los Graiver tiene especificado un viaje a la República Federal de Alemania el 11 de marzo, durante 12 días, designado en comisión temporaria; y otro a Francia el 6 de junio del mismo año, por otros 14 días. En ese lapso, según revelaron los testigos y los documentos a los que accedió este diario, Gallino se dedicó exclusivamente al caso Graiver.
De acuerdo con el requirimiento fiscal, el 7 de abril, Gallino logró que ratificaran sus declaraciones todos los secuestrados del caso Graiver: (Dante) Marra, (Julio) Daich, (Silvia) Fanjul, (Lidia) Gesualdi, Lidia Papaleo, (Flora) Dybner de Ravel, (Jorge) Rodríguez, (Martín) Aberg Cobo, (Gustavo) Caraballo, (Ernesto)  De Estrada y Juan e Isidoro Graiver. Fue el mismo día en que recibió en su despacho a Magnetto, Mitre y Peralta Ramos para producir los “sendos informes” sobre Papel Prensa ya mencionados.
Para tener una dimensión cabal de cómo funcionó el Consejo de Guerra para el cual Gallino recopiló la información de los secuestrados a base de torturas, se cita a la fiscalía que investigó el caso: en el Consejo de Guerra “las preguntas de un ignoto Coronel, rememora(n) las prácticas de la Santa Inquisición Medieval”.
Aquí aparece otro protagonista de esta historia: el teniente coronel Fernando Edgard Vivanco, secretario del Consejo de Guerra. Vivanco, con motivo de un reclamo a sus superiores en 1979, reveló cómo funcionaba el proceso para incriminar a los Graiver (ver recuadro).
“En julio de 1977 –dice el “reclamo” de ascenso de Vivanco que fue, a su pesar, edecán de Isabel Martínez de Perón– fui nombrado Secretario del Consejo de Guerra Especial Estable Número 2, creado para juzgar los hechos de connotación subversiva atribuidos al llamado ‘Grupo Graiver’ (…) El suscripto desarrolló en la pesona de dos de los implicados en el ‘caso Graiver’ un conveniente accionar psicológico, para que estos convalidaran con la verdad sus declaraciones. Es decir, reconocer por escrito a uno de los integrantes de la banda de delincuentes subversivos ‘montoneros’. Dichas declaraciones se transformaron en el elemento principal de prueba, estableciendo concretamente el vínculo que unía a los implicados con el caso, con la banda de delincuentes subversivos”, se jactó Vivanco en su pedido de ascenso.
Una de sus víctimas, lo recordó en detalle: “Fui torturada física y moralmente, se  me juzgó y se me condenó por un Consejo de Guerra –relató Fanjul el año 1984 y lo ratificó dos décadas después–. Por lo que ellos entendían, era mi obligación (…) denunciar, no tenía ningún tipo de vinculación política, era sólo una nueva empleada ajena a las vinculaciones políticas de mis patrones y/o intenciones de los manejos financieros de los mismos. Hoy siento la obligación de denunciar a los que tomaron la justicia por su cuenta, usando métodos ilegales.”
Los propios detenidos debían elegir a un militar, marino o comodoro, como defensor ante el Consejo. Fanjul relató que lo hizo a dedo, de entre una larga lista, ya que no conocía a ninguno. Luego la trasladaron a una cárcel común en Devoto. El mismo itinerario que el resto de los secuestrados. Era el proceso final del “blanqueo” de las detenciones. Y del saqueo.
Con los Graiver ya en la cárcel, Gallino pidió el pase a retiro en 1980 y dejó el Ejército en 1981. El 29 de marzo del mismo año la dictadura premió su trayectoría: lo nombraron gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta el 14 de enero de 1982. En ese entonces, fue entrevistado por el periodista José Ignacio López, biógrafo de Héctor Magnetto y actual vocero del diario La Nación.
Murió el 14 de noviembre de 2007. A pesar de todas las imputaciones en su contra, jamás declaró en un tribunal de la democracia. Después de 27 años, por fin se conoce su verdadera historia.

Búsqueda en archivos:
Manuel Alfieri.

Publicado por Tiempo Argentino el sábado 11 de septiembre de 2010

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El CEO de Clarín se reunía con los torturadores de los Graiver


Papel Prensa: la alianza entre los tres diarios y las tres armas

Las pruebas que vinculan a Magnetto con el interrogador de los Graiver

Publicado el 5 de Septiembre de 2010

Por Cynthia Ottaviano y Juan Alonso

Tiempo Argentino accedió a expedientes secretos del Ejército: la burocracia criminal dejó expuesta la trama del despojo a Lidia Papaleo. Basada sobre las conversaciones con los directores de Clarín, La Nación y La Razón, la dictadura diseñaba “los interrogatorios” a los detenidos en los campos de exterminio. Todos los documentos.

Ya nada será igual, nada, después de la publicación de estos documentos secretos a los que Tiempo Argentino accedió de manera exclusiva. Se trata del epílogo a una intensa labor de este colectivo de trabajo periodístico que durante seis meses investigó el robo a los Graiver de Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en alianza con la dictadura de Videla y Martínez de Hoz. Ya no quedan dudas sobre el despojo accionario. Tampoco, sobre quiénes son las víctimas y quiénes los beneficiarios en esta dolorosa historia. Pero había, sin embargo, interrogantes sobre el nivel de participación de los accionistas de los tres diarios en los crímenes de lesa humanidad que hoy investiga la justicia. Faltaba algo que uniera al implacable torturador de Lidia Papaleo de Graiver en Puesto Vasco con los impolutos ejecutivos que en la City porteña decidían silenciar las atrocidades del genocidio que se devoró a una generación de argentinos. Faltaba, es cierto.
Hasta hoy.
Los cuatro documentos clave que se publican en estas páginas fueron producidos el 7 de abril de 1977, a las 10:30 y a las 16:30; y el 9 de abril del mismo año, a las 8:40 y a las 20. Habría que remontarse al instante preciso en que un represor, oficial del Ejército Argentino, encabezaba un sumario con la leyenda “Diligencia dejando constancia”, mientras los aullidos de las víctimas flotaban en el espeso aire de un país hundido en la tragedia. Es importante situarse en la época. El terrorismo de Estado ya había desaparecido a 15 mil personas, mandado a prisión a otras 10 mil y asesinado a otras 4 mil, en apenas un año. [1] La justicia había respondido en forma negativa a más de 7 mil habeas corpus. La Junta Militar –la del golpe de 1976, la de Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti– también había declarado caducos los mandatos de la presidenta constitucional de la Nación (Isabel Martínez de Perón), de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias; disuelto el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de Buenos Aires y los consejos municipales de provincias; removido la Corte Suprema, suspendido la discusión política y los partidos políticos, y prohibida las actividades gremiales, profesionales y estudiantiles. [2]
Para entonces, los primeros 25 cuerpos mutilados de opositores a la dictadura ya habían aparecido en las costas uruguayas, dejando la huella inicial sobre los “vuelos de la muerte”, en que a los detenidos se los arrojaba vivos al Río de la Plata desde aviones militares. También se había descubierto un cementerio lacustre en el Lago San Roque de Córdoba. Nada de eso, sin embargo, informaban Clarín, La Nación y La Razón, los diarios oficialistas del terror. Tenían sus razones. No eran, como se quieren presentar ahora, los custodios de la libertad de expresión: eran socios de los verdugos.
Junto a Videla, habían puesto en marcha la primera y única fábrica de papel para diarios de todo el país, la más importante productora de pasta de celulosa de Sudamérica. La que le habían robado, por medio de presiones y humillaciones, a los Graiver. [3] La maniobra quedó registrada en documentos secretos. La burocracia criminal era eficiente.
El primer documento que publica Tiempo Argentino, del 7 de abril de 1977, lleva la firma del “oficial Superior Preventor Oscar Gallino”. El militar estaba a cargo de la “investigación”: un eufemismo para referirse a la sucesión de tormentos que se le practicó a toda la familia Graiver en el circuito Camps. El acta que refrenda revela que, mientras Lidia Papaleo era torturada, Gallino recibía “a los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo ‘Fundador’ de Papel Prensa”.
Gallino era general de brigada. Un represor salvaje. Desde febrero hasta abril de 1976, había desempeñado el cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno (en la fábrica militar de tolueno sintético) de la zona 4 (Campo de Mayo). Entre sus medallas de combate, se contaba la cacería de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que habían intentado copar el Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo.
Antes de que Ramón Camps diseñara bajo las órdenes de Videla, el  “Operativo Amigo” –complemento del despojo accionario de Papel Prensa–, que culminó con toda la familia Graiver en la mesa de torturas, mantuvo una reunión en la Casa Rosada con el máximo dictador, los jefes del Estado Mayor, el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el ministro del Interior y el jefe de la Policía Federal. (Los detalles de la designación de Gallino quedaron impresos en la página 18 y 19 del libro de Camps, El poder en las sombras, publicado por RO. CA, en 1983.)
En ese cónclave de la cúpula del aparato represivo que azotó al país hasta 1983, se decidió –con la anuencia de Videla– que Gallino reunía los requisitos necesarios para convertirse en el “oficial instructor”, es decir, en el interrogador del caso Graiver.
Vale aclarar que los interrogatorios, en aquel tiempo, se hacían a punta de picana. No había abogados defensores, sólo electricidad que recorría el cuerpo de  personas indefensas. La defensa de la familia secuestrada en los campos de exterminio quedó a cargo de un teniente coronel, puesto a dedo por el propio Gallino.
Con ese tan eficaz como implacable jefe de torturadores se reu-nían, según los documentos que se reproducen por primera vez, “los directores de Clarín, La Nación y La Razón”. Dicho así, con la frialdad del papel sumarial, también se oculta algo. ¿Quiénes integraban el directorio de esos diarios para la fecha en que la que los represores vejaban sexualmente a Lidia Papaleo de Graiver? Tiempo Argentino fue a buscar la respuesta al Boletín Oficial. Allí, para la Historia, quedaron registrados los nombres de los que participaban en las amigables tertulias con Gallino: Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta Ramos. [4]
En el otro documento, el del 9 de abril de 1977, es decir, producido dos días después de la reunión antes mencionada, Gallino volvió a dejar asentado que se reunió con “el secretario de Industria, Raymundo Podestá, los presidentes de los directorios de La Nación, Clarín y La Razón, que son los adquirentes del paquete accionario del ‘Grupo Fundador’ de Papel Prensa, que representa el 26 por ciento del total del paquete accionario”.  ¿Cuál era el objeto de esas reuniones? Gallino lo dice: “Producir sendos informes.” ¿Para qué servían esos “sendos informes”? También Gallino responde a eso. Da escalofríos reproducir su respuesta: “Se preparan los interrogatorios a tomar el once de abril de 1977.” Lo dice el represor, el oficial preventor, el jefe de los torturadores de Puesto Vasco. Magnetto, Mitre y Peralta Ramos se reunían con el represor para “producir sendos informes” sobre Papel Prensa y luego, el militar Gallino elaboraba las preguntas que debían soportar los Graiver en los camastros de tortura.
Otro documento secreto del Ejército Argentino revela cómo Gallino interrogaba a Isidoro Graiver. Le interesaba conocer los detalles del vínculo con su cuñada Lidia Papaleo, la minuta de las transacciones comerciales y, principalmente, obtener la información que necesitaran para destrozar a su grupo económico. Lo mismo ocurrió con Eva Gitnach de Graiver, la mamá de David, a quien sentaron frente al Consejo de Guerra para interrogarla: “¿Participó en la venta de acciones de Papel Prensa?” “Sí”, contestó. “La llevaron a firmar la venta, pero no participó en las reuniones previas en que se decidió dicha venta.
–Preguntado: ¿Actuó en el movimiento pro liberación de Cuba?
–Contestó: No sabe qué es.” [5]
¿Cómo era el proceso? Todo quedó por escrito. Gallino se reu-nía con Mitre, Magnetto y Peralta Ramos. Con ellos armaban las preguntas. El Consejo de Guerra Especial Estable número 2, del Comando Zona 1 (a cargo del I Cuerpo de Ejército, con asiento en Palermo, y jurisdicción sobre casi toda la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y La Pampa), les “tomaba declaraciones” a los prevenidos, es decir, interrogaba a los secuestrados (los Graiver y sus empleados). Se realizaba una “prevención sumarial”, es decir, un expediente, como resultado del interrogatorio tomado por “el Oficial Superior Preventor” (sí, Gallino). Y ese material, mientras quedaba registrado en el expediente del Ejército Argentino, también era remitido al juzgado que llevara adelante la causa, para blanquearlo –cuando la ocasión se presentara– ante el fuero judicial. En el caso de los Graiver, el operativo de “legalización” lo hizo el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Número 6, a cargo de Hugo Molteni (Secretaría Número 11, Ana Benaventano). [6] Así de ilegal, así de perverso.
La maquinaria asesina se entrelazaba con la económica. Además de controlar el movimiento, la información y hasta a los vendedores de Papel Prensa, a quienes tenían secuestrados, Gallino tuvo tiempo de abrir una cuenta en el banco para depositar los millones del botín de guerra. No sólo torturaban: además se quedaban con la plata de las víctimas.
Así quedó establecido en una carta que el propio Gallino le envió al entonces presidente del Banco Central de la República Argentina. “Una investigación de carácter reservado, que por orden de las autoridades superiores del Ejército, se encuentra a mi cargo”, [7] empezó explicando. Se refería a la causa Graiver. Y por ese motivo, aseguraba, necesitaba la apertura de una cuenta a su nombre, en la que se depositaran los cheques y se aceptaran los títulos y bonos. Fue el 13 de abril de 1977. Pretendía que los “resultantes de amortización y rentas sean depositados en la cuenta”.
Hasta ese momento, los Graiver estaban desaparecidos. Por eso, Gallino no podía explicar cuál era la investigación a su cargo. Sabía que, en poco tiempo más, la Junta ordenaría los papeles y haría coincidir las fechas y los pedidos con sus delitos.
Por eso, para terminar la carta, Gallino advierte que “una vez promulgada la Ley correspondiente a la investigación señalada se incluirá en la cuenta el número de la misma”. Primero se ejecutaba, y después se hacía encajar una ley a medida del despojo. ¿Esta es la “seguridad jurídica” que esgrimen los diarios oficialistas del terror?
El general de brigada Gallino se depositó $ 2.130.000 en efectivo y, en cheques (entre ellos del Banco Comercial de La Plata), $ 1.042.356,26; un total de $ 3.173.356, 26. Y hay más: les arrebató a los Graiver más dinero en efectivo, por U$S 21.071, 37; títulos y acciones en diferentes empresas. Para el ’77, una hectárea en la región de La Pampa Húmeda –la zona más rica del planeta en materia de ganadería y agricultura– valía en promedio U$S 3300.
Al día siguiente, el acta secreta de la Junta Militar en el “Item 1, Papel Prensa SA”, devela la estrategia final de la dictadura y los tres diarios: “Evitar que la suma correspondiente a las acciones ingrese al Grupo Graiver o a su sucesión.” [8]
El 12 de abril secuestraron a Rafael Ianover, el último eslabón del grupo. Ya toda la familia estaba en el limbo de las desapariciones y el entramado empresario desarticulado. La Junta Militar sabía que tenía que evitar que el dinero producto de la venta terminara siendo administrado por el juez de la sucesión, abierta tras la misteriosa muerte de David Graiver. ¿Cómo podían lograr que la justicia no interviniera? Determinando un poder superior al judicial: el del secuestro y la interdicción (privación de un derecho civil). Así lo hicieron el 19 de abril. La Junta Militar reconoció, finalmente, tener detenidos a los Graiver y su entorno. Se les aplicó el artículo 2 del acta del 18 de junio de 1976, incisos “a”, “d” y “e”: perdían la ciudadanía y se les prohibía “administrar y disponer de sus bienes, hasta tanto justifiquen la legitimidad de la adquisición de los mismos”. La CO.NA.RE.PA, Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, lo haría en su lugar. El delirio del régimen llegó al paroxismo ese día, cuando la imputación fue realizada a dos personas ya fallecidas: David (cabeza del grupo) y Jorge Rubinstein (su mano derecha).
Todo esto parece surrealista. Inexplicable. Pero así ocurrió. La contundencia de los documentos elaborados por la burocracia asesina es inapelable. Se sabía que los represores no tuvieron límites y llegaron a los más bajo de la condición humana.
Pero no descendieron a esos infiernos en soledad.
Acá están las pruebas.

PUBLICADO EN EL DIARIO TIEMPO ARGENTINO,  EL DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE DE 2010

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Rafael Ianover rompe el silencio después de 34 años de persecución


Entrevista exclusiva a Rafael Ianover, ex vicepresidente de Papel Prensa

“La venta fue un despojo por parte de los tres diarios y la dictadura”

Publicado el 22 de Agosto de 2010

Por Juan Alonso y Cynthia Ottaviano

Integró el directorio hasta el golpe de 1976. Fue presionado para firmar el acuerdo con Clarín, La Nación y La Razón. “Estaba aterrorizado. Antes de firmar, Peralta Ramos dijo que no me iba a pasar nada.” Después lo secuestró la patota de Camps.

Cuatro de la tarde del jueves 19. Rafael Ianover, de 85 años, sube las escaleras lentamente. Lleva puesta una campera, camisa y corbata. Todavía conserva el porte de caballero formal. Estrecha la mano sonriente y nos trata de usted, dice que prefiere el agua al té. Toma asiento y comienza a desenhebrar recuerdos de una pesadilla que surcó su vida como un vendaval de angustia que duró 34 años y que recién hoy –a escasas horas de poder conocerse el informe sobre Papel Prensa, realizado por el secretario de Estado Guillermo Moreno– puede revelar. Dando a conocer, por fin, quién es quién en esta historia que asocia a los dueños de Clarín, La Nación y La Razón con la dictadura genocida que hizo desaparecer a más de 30 mil argentinos.
“Cuando yo firmé en las oficinas de La Nación, el 2 de noviembre de 1976, lo hice aterrorizado y presionado. Ya había muerto David Graiver en México, y todos esperábamos lo peor. El entonces dueño de La Razón, Manuel Peralta Ramos, me prometió que no me iba a pasar nada, porque nosotros sabíamos que todos los días se llevaban gente –rememora Ianover ante Tiempo Argentino–, incluso un grupo de tareas había entrado a mi casa cuando estábamos cenando. Mis hijos en ese momento tenían 17 años. Revisaron los placares y nos hicieron firmar un documento como que no faltaba nada, pero en realidad se llevaron algunas cosas de valor del departamento.”
Ianover conoció al dueño de Papel Prensa, el financista David Graiver, a través de su hermano Isidoro, casado con una prima hermana de su esposa. “Yo en esa época estaba muy bien económicamente, era corredor de cereales desde 1958. Pero el proyecto de Papel Prensa era apasionante y cometí el gravísimo error de aceptar el puesto de vicepresidente de la empresa. Las consecuencias fueron tremendas, por el daño moral y económico que me infligieron.”

–¿Qué significaba Papel Prensa para usted?
–El proyecto era producir por primera vez papel de diario para el país, sustituyendo importaciones. En aquel momento, en la Argentina no se producía madera de fibra larga. La pasta celulósica que se utiliza en Noruega, Suecia, Finlandia, se basa principalmente en madera de fibra larga, pinos y araucarias. Esta nueva tecnología argentina estaba proyectada para producir con madera de fibra corta, álamo y sauce, con plantaciones que existen en el norte de la provincia de Buenos Aires y del Delta entrerriano, por eso la planta se ubicó en San Pedro. Había una máquina importada de Finlandia, que costó 6 millones de dólares, de 100 metros de largo, totalmente automática, en la que por un extremo entraban las astillas de madera y, por el otro, salían las bobinas de papel. Además, se compró un edificio de 120 metros de largo por 25 metros de altura, donde debían estar las bases, la máquina principal y muchas otras cosas.
–¿Los diarios Clarín, La Nación y La Razón pagaron un precio justo por eso?
–A mi criterio, no. Cuando yo firmé, no sabía a qué precio se compró, porque a mí no me hablaron de precio. Yo vivía aterrorizado, porque ya se sabía en todo el país que se secuestraba y desaparecía gente que aún no apareció. Además, me habían avisado que me iban a detener. Cuando firmé, le dije a Francisco Peralta Ramos, uno de los dueños de La Razón: “yo firmo si no me va a pasar nada”, y él me dijo: “Quédese tranquilo, que no le va a pasar nada.” Eso fue el 2 de noviembre de 1976, y el 12 de abril de 1977, me detuvieron.
–¿Supo alguna vez cuánto pagaron?
–Para mí, fue un precio muy barato. Pero claro: para venderlo a lo que realmente valía, había que llamar a licitación, convocar a algunos interesados. Sin embargo, acá no hubo discusión alguna. Estando yo detenido, Benito Campos Carlés, el abogado de La Nación, y Bernardo Sofovich, de Clarín, vinieron a pagarle a mi señora el importe del paquete que estaba a mi nombre y ella dijo: “Yo no puedo recibir esto porque no es nuestro.”
–¿Estaba todo arreglado?
–Cuando firmé estaba aterrorizado y ni sé de qué precio se hablaba. Esa es la pura verdad. Estuve 16 meses detenido, y un año con libertad vigilada, sin poder salir del ámbito de Capital Federal, motivo por el cual perdí clientes porque no podía ir a verlos ni explicarles lo que me había pasado. Estuve 28 meses sin contacto con mis clientes, y para trabajar en un negocio de esa naturaleza hay que estar en contacto. El negocio que tenía era muy interesante, y en los últimos años había llegado a trabajar 200 mil toneladas por año que me dejaban muy buena utilidad. Cuando asumí en Papel Prensa, era sin sueldo, porque teníamos estúpidamente la vocación de devolverle al país lo que nos había dado.
–¿Qué pasó en los meses previos a noviembre de 1976? ¿Tuvo
contacto o diálogo con la gente de Clarín?
–Para nada. Ningún diálogo. No recuerdo con precisión si fue antes del 2 de noviembre o después del 2 de noviembre, como le dije antes, que un grupo de tareas entró en mi casa. Estábamos cenando con amigos, tuvieron a mis hijos inmovilizados como rehenes, y cuando llegamos al dormitorio el contenido de los placares estaba totalmente en el suelo. No sé lo que buscaban, seguramente algo que me implicara no sé en qué. Nunca se identificaron. Me hicieron firmar un papel donde aseguraba que no me falta nada, pero a la mañana siguiente, cuando controlamos, faltaban algunas cositas. Estuve terriblemente preocupado por ese tema, y cuando me convocaron a esa reunión en La Nación, sabía que nos iban a detener a todos. Me habían avisado, me dijeron: “Andate del país, te van a detener.” La presión era tan grande. Y por supuesto, si a mí me pasaba, a los Graiver también. A ellos los detuvieron en marzo y a mí el 12 de Abril. ¿Por qué a mí y no al presidente de Papel Prensa, Martínez Segovia? Porque Martínez Segovia era socio de José Alfredo Martínez de Hoz, por ese entonces ministro de Economía. La presión y temor previos fueron tremendos. Supongo que los herederos de Graiver firmaron lo mismo que yo para no sufrir las consecuencias de un secuestro.
–¿Creyó que lo podían matar?
–Sabía que había gente secuestrada y desaparecida. Yo no me fui por la sencilla razón de que equivocadamente pensé que si me iba, mis clientes y amigos pensarían que cometí algún delito. Y si no cometí ninguno, ¿por qué habría de irme?
–¿Lo interrogaron sobre Papel Prensa?
–Primero estuve siete días sin contacto con nadie. Me ataron las manos, me vendaron los ojos y me llevaron e hicieron sentar en una silla de lo que parecía ser una comisaría de barrio. Una persona que me cuidaba me dijo: “Mire señor, usted no puede hablar. Está incomunicado, pero si quiere podemos hablar de fútbol.” “Bueno, hablemos de fútbol”, le dije, hasta que en un momento me avisó: “Cállese, que ahí viene una persona.” Se acercó otro y dijo: “¿Quién es este?, ¿Sajón?” Yo lo escuché, no podía verlo pero lo escuché, y yo ya sabía que Sajón (Edgardo, secuestrado en ese mismo período) había desaparecido: ahí me preocupé más todavía. Después, siempre vendado y con las manos atadas, me llevaron a un lugar que desconozco. Cuando llegué, me sentaron en una silla. Se me había aflojado la cuerda de las manos: incómodo, pero tuve miedo de desatarme y me quedé así. Un militar, aunque vestido de civil, con porte militar empezó a interrogarme: “¿Quién lo designó vicepresidente de Papel Prensa?” “Me designó la Asamblea de accionistas a instancias de Graiver”, le contesté. Después prendió un grabador, y se oyó un señor que daba un discurso. Me preguntó si sabía quién hablaba. Presté atención a ver quién era. No supe quién era. “Es Firmenich”, me dice. “Bueno, será Firmenich, pero yo no lo conozco”, le dije. Después me preguntó si conocía al general Agustín Lanusse. Le dije: “Todos los años festejamos el Día del Cerealista. Y se invitan a las más altas autoridades. Yo lo recibí, lo atendí a Lanusse, como se atendía a más de 1000 invitados, me acuerdo de él porque había sido presidente de facto.” Y ahí terminó el interrogatorio. “Colchoneta, almohadón y manta”, ordenó el militar ese. Entonces, me llevaron a otra habitación, al lado de una letrina con un olor insoportable, con una instrucción: “Cada vez que pase alguien para ir al baño, usted se cubre los ojos.” No puede verlos. Ahí pasaron varias mujeres y varios hombres, a tientas, conducidos.
–¿Cree que a David Graiver le quisieron sacar Papel Prensa, entre otras cosas, porque era judío?
–No tengo la menor duda de que es así. Porque en algunos sectores era inconcebible que un judío pudiera terminar la primera planta que iba a fabricar papel para diarios en el país, que además era socio de Jacobo Timerman, en La Opinión, y en emisoras de radio. Habrán pensado que iban a monopolizar la información, pero lo que no sabían es que en una oportunidad, Graiver nos dijo a Martínez Segovia y a mí, que cuando la planta estuviera en marcha iba a vender su parte. No pensaba quedársela. Al menos, eso me dijo a mí. A su viuda, Lidia Papaleo, el presidente de Papel Prensa le dijo que había que vender el paquete accionario y que el comprador no podía ser ni un extranjero ni un judío.
–¿Graiver le había dado instrucciones para que ofreciera acciones a otros diarios?
–Sí, y no solamente a mí. El paquete accionario tenía acciones clase A, que eran privadas. Las B, que eran las del Estado. Las C, que se ofrecían a proveedores y las D, que se ofrecían a los diarios para que suscribieran acciones. Nunca se pensó en monopolizar nada, pero los diarios no quisieron comprar.
–¿Qué diarios no quisieron comprar?
–Se les ofrecieron acciones a los diarios más importantes de Rosarioy La Plata. Y también a La Nación y a Clarín. Ninguno quiso comprar.
–¿A quién responsabiliza por la pérdida de todo lo suyo?
–Responsabilizo a quienes compraron el paquete accionario, La Nación, Clarín y La Razón, en connivencia con el Estado. Ustedes sabrán que ellos se defienden diciendo que la compra fue aprobada por el Poder Ejecutivo militar, pero en ese momento sucedían en el país cosas similares a las de Papel Prensa: se producían despojos, firmas por propiedades transferidas a otras personas, pero debidas a la presión que se ejercía sobre ellos. Aquí ocurrió algo parecido: quién se iba a oponer a la venta, ni los Graiver, ni yo, ni cualquiera que haya sido titular de esas acciones, cuando usted sabía que en cualquier momento podían secuestrarlo, matarlo, torturarlo… Pero a mí, por suerte, no me tocaron. No sufrí torturas de ninguna naturaleza.
–Lidia Papaleo, a través de su hermano, anunció que iniciará acciones legales contra Héctor Magnetto y Mitre. ¿Usted piensa algo similar?
–No. Penales, no. No tengo ningún interés en iniciar ninguna acción por el estilo.
–¿Eso quiere decir que podría abrir una causa civil?
–Puede ser. A mí me destruyeron económicamente. Yo ganaba mucho dinero con mi empresa. Me quedé solo, sin capital. Sólo un director síndico de Papel Prensa me dijo: “Te tengo que pedir disculpas porque nunca llamé a tu casa para saber cómo estaba tu familia, porque todos teníamos miedo de que nos pasara lo que te pasó a vos.”
–¿Considera que fue un delito de lesa humanidad?
–A partir de que se quedan con el paquete accionario a raíz de la presión que se ejerció… En mi caso, yo nunca supe a qué precio. Cuando se venden paquetes de esa naturaleza hay que preguntar, comparar, saber más o menos, convocar a posibles compradores. Ahí no había nada. Era firmar o firmar.
–¿Por qué cree que hasta ahora no se conocía toda la verdad sobre Papel Prensa?
–Porque no se daban las condiciones políticas. No había una decisión firme, como hoy, de avanzar en estos temas.
–¿Y por qué es importante que se sepa?
–Para que no ocurra nunca más, como cuando se hizo el juicio a los militares. Nunca más. Es condenable la tortura, es condenable lo que le hicieron a la familia Graiver.
–¿Cómo calificaría toda la situación que vivió?
–Como una situación perversa, tremenda, porque si bien jamás me torturaron, cuando uno está detenido, en fin, vive cada momento al límite. Un gendarme que había matado a su cuñado en Misiones, nos preguntó, a Timerman y a mí, por qué motivo estábamos ahí presos. Le contamos que era por el caso Graiver y nos dice: “Ah… ustedes sí que están jodidos.”
–¿Con qué palabras resumiría lo que pasó con Papel Prensa?
–Como un despojo.
–Desde su punto de vista, ¿por parte de quiénes?
–Por parte de los tres diarios y de los militares que formaban parte del gobierno de la dictadura.

Los días de Ianover no son fáciles. Su esposa está enferma y tiene que cuidarla. La vida le ha dado algunas lecciones sobre la banalidad del mal. “Videla anunció mi detención por la televisión. No fui juzgado, ni acusado, ni condenado.”
–Quizá digan que ahora habla para ver si recibe alguna compensación.
–No me importa lo que digan. Ellos van a tener que dar explicaciones. Además (se ríe) tengo un familiar en los Estados Unidos que me carga, porque dice que soy un tipo famoso por este reportaje.

“Moreno busca antecedentes e investiga muy bien”

Publicado el 22 de Agosto de 2010

Asegura que se sumó a la investigación que encabeza el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por la injusticia a la que lo sometió el diario Clarín: después de mantener un encuentro con dos supuestos periodistas (uno de ellos no era tal), no publicaron sus dichos (ver aparte) y tergiversaron sus palabras. Desde entonces, Ianover pondera la tarea del funcionario, al que considera “vehemente y hasta agresivo, pero una persona muy honesta”.

–¿Qué opina de Guillermo Moreno y el trabajo que está haciendo, “Papel Prensa – La verdad”?
–En primer lugar, si bien no comulgo con muchas actitudes, porque es un hombre muy vehemente, hasta agresivo, considero que es una persona muy honesta. Si hubieran descubierto la menor falta en el caso de Guillermo Moreno, la hubieran publicado rápidamente. Creo que está defendiendo una posición y está convencido de lo que hace. Yo lo apoyo de alguna manera, porque a mí me destruyeron económicamente.
–Según Clarín, “Moreno usa amenazas, intimidaciones y maniobras confusas para desacreditar la compañía.”
–Moreno busca los antecedentes investigando muy bien: cómo se efectuó la venta del paquete accionario, cómo la producción mayor iba a Clarín, cómo no se le vendía a otros diarios. Lo que se persigue ahora es vender papel a todos los medios. Pienso que había grupos interesados en que no se manejara la información desde la única planta que iba a producir papel para diarios.
–¿Quién está en deuda con usted?
–Sólo quiero compensar a mis hijos por todo lo que se me hizo perder. Sentí la obligación moral de acompañar esta investigación y decir toda la verdad de lo que yo sabía, de cómo se produjeron los hechos de esta empresa que sigue siendo tan importante y capaz de producir, en aquel entonces 125 mil toneladas,  y en este momento, 175 mil. Gracias a la gestión de Moreno se venderá a todo el mundo.
–¿Qué espera del informe que se  va a dar a conocer el martes?
–La verdad es que no sé qué esperar. Lo que sí me confirmó todo esto es que se llegó, tras mucho tiempo, a que se dieran las condiciones políticas para que se supiera la verdad. No era fácil en otra época salir a hablar como salgo a hablar ahora. Fue algo que me produjo mucho sufrimiento.
–¿Cree que Clarín y La Nación deberían pedirle disculpas?
–Eso dijo Guillermo Moreno en una asamblea. No necesito disculpas. Lo que necesito es ver qué posibilidades tengo de recuperar lo que perdí. Porque he privado a mis hijos de dejarles un pequeño patrimonio que ahora no puedo darles.

“Me sentí engañado por Clarín”

Publicado el 22 de Agosto de 2010

–Hace unos meses, Clarín publicó una nota con declaraciones que le atribuyó a usted. ¿Cómo lo contactaron?
–Un muy amigo mío me llama y me dice: “Yo tengo un amigo que es jefe de redacción de Clarín y me dijo que quiere hablar con vos.” “Si es amigo tuyo, no tengo problema”, le contesté. Y un día me llamó un supuesto periodista, me dijo: “Señor, ¿nos podemos encontrar?” Y cuando me encuentro con esta gente, eran un chico jovencito –supongo que aprendiz de periodista– y otro señor que no se presentó adecuadamente. No lo dejé grabar. Pasó el tiempo y, cuando me invitaron a concurrir a una asamblea de Papel Prensa, ahí vi al señor que no se había presentado correctamente. No me saludó. Después supe que no era el jefe de redacción que me habían dicho, sino Héctor Aranda, director de Papel Prensa.
–¿Publicaron lo que usted dijo?
–No, obviaron algunas cosas, tergiversaron otras y agregaron otras que no dije. Lo desvirtuaron.
–La nota dice que usted sólo responsabiliza al Estado. ¿Es cierto?
–No recuerdo haber dicho eso. Mandaron a un directivo de Papel Prensa para tratar de saber lo que yo decía. Como no permití que usaran grabador, pusieron cualquier cosa. Ahí fue cuando decidí participar en la investigación que estaba haciendo el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, porque me pareció una injusticia lo que hicieron. Llegué a una conclusión lamentable: hay que tener cuidado con los periodistas. Comencé a pensar que en algunas circunstancias manipulan la información de alguna manera. Defienden sus intereses. Me parece grave, claro. Manipularon la conversación que tuvimos. Me sentí engañado cuando vi que el “periodista” era un director de Papel Prensa. Fue un gran error aceptar la entrevista.

Publicado en el diario Tiempo Argentino, domingo 22 de agosto de 2010

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Papel Prensa y David Graiver


El caso Graiver siempre me ha interesado. Puedo asegurar que le dediqué varios años de trabajo duro al asunto.

Conservo estudiadas y marcadas con resaltador las dos ediciones del libro de Juan Gasparini, “El crimen de Graiver” y “David Graiver, el banquero de los Montoneros”, de 1990 y 2007. Entrevisté a Gasparini -entre otras fuentes- en el bar La Paz hace un par de años con la intención de conocer la verdad sobre ese episodio silenciado por la corporación de prensa monopólica.

En el nacimiento espúreo de esa empresa arrebatada a sus dueños originales en los pozos de la tortura, radica la semilla del descrédito del principal grupo de prensa de la Argentina que todavía domina el mercado gráfico, la televisión, el servicio de Internet y el cable en millones de hogares del país.

Por esa razón, resulta indispensable refrescar la memoria sobre un episodio histórico que va mucho más allá de los intereses del periodismo. Y más en estos momentos en que al fin se debate dentro y fuera del ámbito judicial las validez de las acciones de Clarín y La Nación desde que adquieron la mayoría accionaria de esa compañía por medio de los favores de la dictadura.

Aquí mismo podés bajar completo  el libro de Gasparini y enterarte cómo Clarín, La Razón y La Nación se quedaron con un meganegocio de papel, pasando a dominar y digitar la política y la prensa, luego de la extrañísima muerte de Graiver en México, que el autor -sobreviviente de ESMA- se ocupó de investigar a fondo.

Bajá el libro completo de Gasparini

El testimonio de Osvaldo Papaleo ante la audiencia pública en el debate de la ley de medios:

Miradas al Sur

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